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jueves, 28 de febrero de 2008

Murió otro ex represor

Juan "Jeringa" Barrionuevo, enfermero que asistía las sesiones de tortura en la ESMA, falleció a causa de un cáncer terminal. En 2003 había sido elegido legislador en Tierra del Fuego, pero fue denunciado y nunca pudo asumir
En 2003 Barrionuevo se presentó en las elecciones provinciales de la mano del ex gobernador Carlos Manfredotti, y resultó electo legislador por el PJ. Pero en diciembre de ese año Víctor Basterra -quien había sido secuestrado ilegalmente en la última dictadura militar- lo reconoció en las calles de Ushuaia y lo identificó como el enfermero que asistía al médico Carlos Octavio Capdevilla en las sesiones de tortura de la ESMA. Al trascender el suceso, también lo reconocieron por televisión los ex detenidos Carlos Lordkipanidse y Carlos Díaz, quienes sumaron su denuncia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la ONG fueguina Participación Ciudadana hicieron una campaña para impedir la asunción de Barrionuevo como legislador, a los que se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo titular Eduardo Luis Duhalde denunció formalmente en la Legislatura los antecedentes del represor. Finalmente, la Cámara no tomó el juramento al legislador electo, que mientras tanto se desempeñaba como enfermero en el hospital de Ushuaia. En 2004 el juez Sergio Torres, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro.12, comenzó a investigar a Barrionuevo, ordenó su detención y luego lo excarceló. A partir de allí Barrionuevo se mudó a Mendoza y se alojó en la vivienda de un familiar, donde el miércoles a la tarde murió por el cáncer terminal que lo afectaba.
Fuente: Télam
Comunicado de Prensa de H.I.J.O.S. Regional Capital

Capital Federal (Agencia Paco Urondo) El represor Alberto Navone apareció muerto el mismo día que estaba citado a declarar por robo de bebés. Otra vez alguien que tenía que hablar no lo hizo. Otra vez uno de los cómplices de la apropiación de nuestros hermanos calló lo que sabía y que podía ayudarnos a encontrarlos. Otra vez trinufa la impunidad. El pasado lunes Alberto Navone, militar retirado, apareció muerto de un balazo en un predio de la Fuerza Aérea. Navone debía presentarse ese mismo día a declarar en los Tribunales Federales de Paraná en el marco de la causa en que se investiga el robo de dos bebés en el Hospital Militar local y se esperaba que con su declaración aportara datos sobre el destino de los hijos mellizos de Raquel Negro, desaparecida que dio a luz entre febrero y marzo de 1978. Exigimos que se investigue este nuevo caso de un acusado de delitos de lesa humanidad citado a declarar que aparece muerto antes de hacerlo. Hace más de 2 meses supimos que el represor Héctor Febres había 'aparecido muerto' en su lugar de detención. Luego supimos que la causa del fallecimiento fue la ingesta abundante de cianuro y que sus condiciones de detención de privilegio además de garantizarle la impunidad entorpecieron la investigación sobre el homicidio o suicidio del represor y de los responsables/cómplices/culpables. Ahora nos enteramos de que otro represor que podía hablar y que había sido citado a declarar por una causa de apropiación de bebés en el plan sistemático de apropiación desplegado durante la última dictadura militar apareció muerto en un predio de la Fuerza Aérea. Nuevamente la impunidad del silencio. El contexto es preocupante: las Fuerzas de Seguridad del Estado están demostrando que siguen del lado de la impunidad. Recientemente se demostró que el asesino de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, Alfredo Fanchiotti, tenía una detención de privilegio, saliendo de su celda sin permiso y quedando incluso registrado en los libros. No hay otra lectura posible que la burla a la Justicia y a quienes repudiamos a este asesino. La situación de Febres se suma a esta lista de complicidades de las Fuerzas, al haber tenido una detención de privilegio dentro de la Prefectura Naval Argentina, misma Fuerza a la que pertenecía cuando arrancaba de los brazos de sus madres a los bebés nacidos en cautiverio y los entregaba a militares y civiles. Y son las mismas Fuerzas de Seguridad del Estado las acusadas de haber perjudicado la investigación por la desparación de Jorge Julio López. Es evidente que los genocidas no quieren que se sepa dónde están nuestros hermanos, que ellos apropiaron. Por eso exigimos que se garantice la seguridad de quienes puedan hablar y decirnos, después de 30 años, DÓNDE ESTÁN NUESTROS HERMANOS y quiénes los apropiaron. Este año habrá más Juicios contra los genocidas. Por eso, la Justicia y el gobierno deben controlar urgentemente el rol de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Deben garantizar la seguridad de los testigos, querellantes y demás comprometidos con la Justicia, deben asegurar que los acusados no gozarán de privilegios ni impunidad, que las Fuerzas de Seguridad no entorpecerán los procesos judiciales. Es un momento histórico y es la oportunidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado de estar a la altura de la democracia y ponerse del lado de la Justicia y la sociedad. Cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, cómplices e ideólogos. Restitución de la identidad de nuestros hermanos apropiados. Aparición con vida Ya de Jorge Julio López. H.I.J.O.S. Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Capital en la Red Nacional hijoscapital@gmail.com www.fotolog.com/hijos_capital Contacto: 15-3-571-0767

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