El juez de Garantías de Bariloche Ricardo Calcagno dispuso hoy abrir una investigación por cuatro meses para determinar responsabilidades por los hechos ocurridos el 1° de febrero durante la Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, en la que varios manifestantes fueron agredidos mientras transitaban por las cercanías de la propiedad de magnate británico Joe Lewis.
Al realizarse esta tarde la audiencia de formulación de cargos, el magistrado ordenó que las diligencias procesales para la investigación se realicen hasta el 14 de febrero (con una pausa durante la feria judicial de verano, que paraliza los tribunales en el mes de enero).
Durante la audiencia, el fiscal Francisco Arrien y los abogados que representan a las tres querellas sindicaron como responsables por el delito de lesiones leves y lesiones graves (artículo 89 y 90 del Código Penal) a Hugo Araneda, Graciela Hernández, Andrés Saint Antonin, Nicolás Puchy y Enzo Puchy.
Se trata de pobladores de la zona cercana a Tacuifí que están acusados de haber golpeado con piedras, palos y fustas usadas para caballos, el 1º de febrero último, a participantes de la séptima marcha a Lago Escondido que todos los años organiza la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) junto a gremios, organizaciones sociales y agrupaciones políticas.
El episodio que investiga la justicia tuvo lugar ese día, entre las 11 y las 18, cerca del portón de acceso del camino Tacuifí, en el paraje El Foyel.
Las agresiones se produjeron luego de una discusión entre integrantes de la marcha con esos pobladores, identificados como vecinos históricos de esa zona que tienen relación con Lewis y con el administrador de sus campos, Nicolás Van Ditmar.
Como resultado de los golpes ocho personas sufrieron heridas de distinta consideración; cuatro de ellos tuvieron lesiones graves, con pérdida de sangre, golpes en el cráneo y fracturas: fueron Gabriel Berrozpe (Peronismo de la Soberanía), Joel Sverdlik (La Cámpora), Gastón Harispe (Movimiento Octubres) y Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
El grupo de personas que sufrió golpes y que además fue retenido por hombres de Lewis se completaba con la reportera gráfica de la agencia Télam Alejandra Bartoliche, y con los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni y Alejandra Portantadino.
En su descripción de los hechos, el fiscal Arrien detalló la cadena de acontecimientos de aquella jornada y mencionó a los cinco imputados como coautores del delito de lesiones.
El representante del ministerio público agregó que aún se investiga si las agresiones fueron cometidas por más personas.
Otro aspecto de la investigación apunta a determinar por qué los efectivos de la Policía de la provincia de Río Negro presentes en la zona no intervinieron ante los hechos de violencia.
Al término de la audiencia, Arrien solicitó una prohibición de acercamiento y contacto de los imputados a las víctimas por el plazo de la investigación, petición que fue aceptada por el juez.
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