Un floricultor fue detenido en Tigre acusado de abusar sistemáticamente y durante varios años de su sobrina adolescente y de su cuñado discapacitado, informaron hoy fuentes policiales.
El imputado, de 35 años, fue detenido por personal de la Subdelegación de Investigaciones de Tigre en una isla del Delta del Tigre donde se refugiaba desde que se enteró de que la Justicia lo buscaba por los abusos que se le atribuyen.
Los voceros explicaron que todo comenzó cuando la sobrina de 14 años del acusado se quebró y le contó a su abuela -que también es su madre de crianza-, y a su psicóloga que el marido de su tía abusaba de ella desde hacía 10 años.
La chica fue sometida a exámenes médicos y pericias psicológicas que avalaron los abusos y en el seno familiar los parientes comenzaron a hacer más denuncias que involucraron a otras víctimas.
Así fue como también se le imputó al floricultor haber abusado sexualmente del hermano de su mujer, su cuñado, un discapacitado de 31 años en la actualidad.
Voceros policiales contaron que la chica contó que nunca se había animado a denunciarlo porque su tío la amenazaba con internarla en un instituto de menores, ya que su madre biológica -que es la hermana de la esposa del imputado-, la había abandonado.
También se investiga si la causa por la que la madre de la adolescente se fue de su casa y abandonó a su hija, fue que también era víctima de los abusos del ahora detenido.
Las fuentes indicaron que los abusos ocurrieron en la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, donde la familia vivía en dos casas en el mismo terreno: una habitada por el acusado con su mujer y sus hijos, y otra por la adolescente, el discapacitado y la suegra del acusado.
Al enterarse de que había sido denunciado, el floricultor escapó de su casa y estuvo varios días prófugo hasta que los detectives de la Sub DDI de Tigre lo localizaron y detuvieron el domingo pasado en uno de los viveros que trabajaba en una isla del Delta.
La causa está en manos del fiscal de Tigre, Santiago Quian Zavalía, y la detención fue ordenada por el juez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari.
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