El próximo viernes se conocerá el veredicto en el primer juicio oral y público en el que se juzgan delitos de “lesa humanidad” cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), y que tiene como acusado al ex prefecto Héctor Febrés.
En esta oportunidad los integrantes del Tribunal Oral en lo Federal Cinco (TOF5) determinarán si Febrés es condenado a 25 años de prisión como solicitaron la fiscalía y las querellas, si es absuelto como reclamó su defensa, o si le imponen una pena intermedia en caso de ser hallado culpable. En este juicio, Febrés fue el único imputado y acusado por sólo cuatro casos puntuales, los que tuvieron como víctimas a los sobrevivientes Carlos García, Carlos Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, y Alfredo Margari.
La fiscal Mirna Goransky y algunos querellantes, inclusive, habían pedido la suspensión del juicio para que se unifiquen todas las investigaciones derivadas de la “megacausa ESMA” y el abogado Rodolfo Yanzón, si bien no se opuso a la realización del proceso, se lamentó que en el banquillo de los acusados esté sólo Febrés. El veredicto que dicte el próximo viernes el TOF5 (los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de diciembre) se sumará a las condenas que ya escucharon los represores Julio “el turco Julián” Simón, Miguel Etchecolatz y Christian Von Wernich, tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En esta causa se responsabiliza a Febrés, conocido por su apodo de “el gordo Daniel” ó “Selva” (por reunir “la ferocidad de todos los animales”, según testimonios de sobrevivientes); por los tormentos que padecieron las cuatro víctimas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ESMA. Allí el imputado cometió “todo tipo de felonías”, graficó la fiscal quien sostuvo que los tormentos aplicados a Lordkipanidse, Prada de Olivieri, Margari y García se deben considerar “agravados por ser contra perseguidos políticos”, algo que la defensa del reo negó en su alegato.
Los Defensores Oficiales Víctor Valle (asistió al dictador Jorge Rafael Videla en el juicio a las juntas de comandantes) y Roberto Carnevaro (defendió al “turco” Julián) sostuvieron que su asistido “no creía que se trataba de perseguidos políticos sino personas fuera de la ley” y dijeron que “no está probada” la aplicación de tormentos.
Tanto la acusación pública como los particulares reclamaron que el imputado “diga todo lo que sabe” sobre los bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA, perversamente bautizada por los represores como “la Sardá”. Ello obedece a que varios testigos señalaron al ex prefecto como quien “distribuía” a varios de las criaturas nacidas cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio y que era el “encargado del ajuar” de los bebés.
También lo ubicaron como “responsable” del denominado “sector cuatro”, en el subsuelo de ese instituto de formación naval, donde funcionaban las “salas de tortura” y al que los represores habían bautizado como “la huevera” pues sus paredes estaban recubiertas con cajas de huevos para que no se escuchen los gritos de las víctimas.
Febrés tuvo a su cargo, además, el traslado de los prisioneros para su ocultamiento en una isla del Tigre cuando una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la ESMA, en 1979, alertada por denuncias sobre violaciones a las leyes y tratados internacionales. En la misma Sala de Audiencias de los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, donde se juzgó la denominada “causa AMIA” y donde “el turco” Julián escuchó a los jueces su condena a 25 años de encierro, Febrés recibirá el viernes el veredicto de los jueces.
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