El represor Luis Abelardo Patti recibió el 23 de octubre pasado una buena noticia y después una catarata de malas nuevas, hasta que hoy quedó detenido por la desaparición de personas asesinadas durante la dictadura. A cinco días de las últimas elecciones, la Suprema Corte de Justicia bonaerense lo habilitó como candidato a gobernador por el Paufe, el partido que Patti fundó en los años ‘90. Esa fue la buena noticia.
Con sólo un voto en contra, la Corte rechazó la impugnación por el papel que jugó en el terrorismo de estado, incluidos los casos de Gastón Goncalves, Diego Muniz Barreto y Carlos Souto, por los que el juez federal Alberto Suárez Araujo lo indagó y le impuso hoy la prisión preventiva.
Al margen de esta resolución judicial, el ex subcomisario y ex intendente de Escobar había sufrido ya un duro traspié en la política, cuando resultó un fiasco su candidatura a gobernador bonaerense en las elecciones del pasado 28 de octubre. Patti obtuvo esta vez apenas el 2,48 por ciento de los votos, contra el 12 por ciento de 2003 y el 7,7 por ciento de 1999, cuando fungía como uno de los principales predicadores de la “mano dura” y declaraba su añoranza por la policía de los ‘70. La reciente candidatura del represor había sido impugnada por la familia de Muniz Barreto, el diputado de la Juventud Peronista secuestrado y asesinado en 1977, y también por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. La impugnación de esta Secretaría sostuvo que “Patti carece de idoneidad moral” y está vinculado a “causas y crímenes de lesa humanidad, muchos de los cuales no han podido ser sustanciados justamente porque durante muchos años reinaron las leyes de obediencia debida y punto final”.
Como ahora la Corte, el Tribunal electoral bonaerense ya había rechazado un veto similar en 1999, con el remanido argumento de que Patti no tenía condenas, en algunos casos por la prescripción de causas tramitadas con sospechosa morosidad. En tanto, a comienzos de este mes, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia nacional solicitó al juez Suárez Araujo la detención de Patti y otros represores en la causa que investiga el caso Muniz Barreto.
Suárez Araujo dispuso detener a Patti por las desapariciones de Muniz Barreto, Goncalvez y Souto, secuestrados y asesinados en 1977, cuando el ex intendente de Escobar era oficial subinspector de la comisaría de esa localidad bonaerense. El magistrado investiga los crímenes cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura y, en esa causa, también convocó a declarar a varios militares, entre ellos Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone, que ya están presos.
Muniz Barreto y su secretario, Juan José Fernández, fueron capturados por Patti en Escobar el 16 de febrero de 1977 y estuvieron secuestrados en la comisaría de esa localidad, la Unidad Regional Tigre y el centro clandestino de Campo de Mayo. El 5 de marzo de 1977, adormecidos con una sustancia, los arrojaron en un automóvil a un arroyo cercano a la localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de exiliarse dejó su testimonio sobre las circunstancias del secuestro y asesinato del ex diputado ante un escribano público, mencionando a Patti como uno de los captores. En aquellos años, la familia de Muniz Barreto lo mencionó en una presentación ante la Nunciatura Apostólica y pocos después el diario Buenos Aires Herald publicó que había sido Patti quien detuvo ilegalmente al ex diputado de la jotapé. Goncalves fue detenido en Zárate el 24 de marzo de 1976 e igual que Enrique Tomanelli y Tilo Wenner, también desaparecidos, habían sido amenazados por Patti en diversas oportunidades, según numerosos testimonios.
Los tres fueron vistos por última vez con vida en la Comisaría de Escobar, donde Patti era oficial subinspector. El represor también se encuentra imputado junto a otros ex policías por los asesinatos de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, cometidos en 1983, en una causa en la que es querellante la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El dirigente montonero Cambiaso y Pereira Rossi fueron secuestrados en un bar de Rosario y horas después acribillados en la localidad de Lima, en Zárate, en un imposible “enfrentamiento”. “Eran militantes montoneros y murieron en un enfrentamiento en el que yo participé”, insistió siempre Patti sobre ese hecho. En una entrevista periodística a comienzos de los ‘90, el ex subcomisario negó tajante que la política figurara en sus planes: “Descártelo. No me interesa la política. Sólo soy un policía”. No obstante, en 1993 se afilió al Partido Justicialista, para predicar la “mano dura” y tejer excelentes relaciones con el entonces presidente Carlos Menem y luego con el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.
Menem lo envió a Catamarca para investigar el asesinato de María Soledad Morales, sobre el que Patti afirmó que había sido un crimen pasional, en el que no “no hubo droga ni violación” y al que era ajeno Guillermo Luque, luego condenado por el crimen.
Se estima ahora que la defensa de Patti pretenderá hacer valer sus fueros de legislador para garantizarle impunidad, pero la otra mala noticia es que la la Cámara baja rechazó acreditarlo como diputado “por falta de idoneidad moral”.
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