La madre de una joven con discapacidad mental que denunció que fue violada por un hombre que fue absuelto porque el informe médico del abuso no tenía firma ni sello del profesional, presentará mañana el pedido de juicio político y destitución de la fiscal que estuvo a cargo de la causa, María del Carmen Gigante.
En el escrito, la madre de la chica de 22 años considera a Gigante como "la piedra angular del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal 7".
El escrito será entregado mañana a la mañana ante en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, por María Giménez, madre de la víctima, y su abogado, José Vera.
Paralelamente, otro pedido de jury será presentado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.
En su solicitud, Giménez explica que cuando hizo la denuncia sobre las violaciones que en forma sistemática padecía su hija por parte de un vecino en la localidad de El Talar de Pacheco hizo todo lo que estuvo a su alcance "para que el delito no quede impune".
La mujer relata que se entrevistó varias veces con la fiscal Gigante de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre y que ella le aconsejó no contratar abogados al decirle: "Yo soy fiscal y los fiscales somos más que los abogados. Yo me voy a ocupar personalmente de su problema".
La mujer explica que el día del veredicto, el 3 de marzo pasado, "vimos que (el imputado Francisco) Centurión rompió en llanto y pensamos que era por la pena que había recibido y debería cumplir".
"Nuestra sorpresa indignación y consternación fue plena cuando el policía custodio nos indicó que debíamos retirarnos del lugar y que no molestáramos al acusado porque había sido declarado libre de culpa y cargo", relata la mujer.
Giménez recuerda en su escrito que, al exigir explicaciones, uno de los jueces le informó que "no habían podido condenar al acusado porque en el informe médico no se indicaba quién era el profesional, carecía de sello aclaratorio y ni siquiera había sido firmado".
"Consideramos que ha mediado incompetencia, como también negligencia en la actuación de la doctora María del Carmen Gigante", resalta la madre de la víctima.
"Ello -continúa-, como consecuencia de haber incorporado un informe médico al sumario sin advertir que se trataba de una copia obtenida del envío de un fax; no se percató que dicho instrumento carecía de indicación del profesional de la medicina que había intervenido, no contaba con sello y mucho menos con firma. En tales condiciones, la pieza carece absolutamente de validez".
"Tratándose de una copia simple debió ocuparse de obtener la pieza original. No lo hizo. Tampoco se procuró identificar al médico actuante, cuando menos para poder -en un futuro proceso oral y público-, ser citado con la condición de testigo", agrega. "Y como si eso fuera poco, tampoco advirtió que la pieza carecía de firma y sello", indica el texto.
Para Giménez y su abogado, "también medió incumplimiento a los deberes, en tanto y en cuanto se extraviaron los hisopados que fueron obtenidos de la víctima".
"Ignoramos, por la desidia manifiesta de la doctora Gigante, si los mismos tuvieron algún rastro o prueba -de cargo o de descargo- que coadyuve al descubrimiento de la verdad", señala.
Por último, la denunciante afirma que "todo lo actuado importó la comisión de graves irregularidades en el procedimiento a su cargo" y que Gigante se transformó "en la piedra angular del veredicto absolutorio dictado por el Tribunal oral en lo Criminal 7".
El fiscal de juicio, Diego Molina Pico, quien durante el debate había pedido 7 años de cárcel para Centurión, apeló el 12 de marzo pasado el fallo ante la Cámara de Casación.
Por el escándalo que generó el fallo, el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, desafectó a Gigante de la UFI 2 de Tigre, la dejó al margen de investigaciones penales y la trasladó al área de Ejecución Penal.
La actuación de la fiscal Gigante también fue criticada por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, quien tras recibir a la madre de la víctima y realizar una serie de llamadas telefónicas, logró encontrar -en
La actuación de Gigante, Molina Pico y esos otros dos fiscales que son Marcelo Lloret y Leandro Loiterstein, ya está siendo investigada en un sumario por orden de la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.
