La concesión de las principales rutas por 30 años, un negocio de varios miles de millones
El presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Carlos Nivio, se opuso a la iniciativa del Gobernador Scioli por la cual entregará a una empresa privada durante los próximos 30 años -mediante una macro concesión monopólica- las principales rutas de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un negocio de $ 3.200 millones a valores actuales de peaje, pero que será mucho mayor ya que se prevé un gran aumento de la tarifa hasta llegar a $ 50. El diputado del Partido Socialista, quien es autor de varios proyectos de ley para anular las presentes concesiones y reintegrar a Vialidad provincial la tarea de ampliación y mantenimiento de las rutas, exhibió cifras contundentes para demostrar el multimillonario negocio privado.
El legislador se opuso al proyecto presentado por Scioli planteando que representa una muestra más de aplicación de las recetas neoliberales que significan el beneficio de unos pocos en detrimento de los muchos. Las rutas deben estar al servicio del crecimiento de la provincia que implica trasportes de producción, de cosechas, apoyo al trabajo, al turismo, a la salud, a la educación. Son las venas que mantienen vivo, conectado e interrelacionado a este cuerpo bonaerense. En este sentido no pueden ser pensadas y tratadas de otra forma que no constituya su mejor aprovechamiento y mantenimiento para sostener un proyecto de provincia en beneficio de todos y cada uno de sus habitantes.
Reiteradamente Nivio ha salido al cruce del intento de reprivatización de rutas mediante el sistema de peaje ante la evidencia de constituir un método de financiamiento que a fracasado, creando múltiples inconvenientes para los usuarios y el desarrollo productivo de la región. En coincidencia con la Comisión Nacional de Usuarios Viales (CONADUV)- cuestionó los incumplimientos contractuales de las empresas concesionarias, el manejo arbitrario de las multimillonarias cifras de dinero recaudadas -que deberían ser destinadas a obras viales-, el aumento de las tarifas, los acuerdos entre el gobierno y los empresarios para extenderles las concesiones, eliminarles el canon y la obligación de mejorar las rutas, así como el otorgamiento de subsidios a los concesionarios.
Para fundamentar su rechazo al proyecto Nivio destaca –entre otros datos- los incumplimientos de las actuales empresas, cuyo trabajo más importante es ahora el corte de pasto en las banquinas, ya que han quedando a cargo de Vialidad provincial las obras de pavimentación.
El diputado socialista destacó que en la actualidad las empresas COVISUR y Caminos del Atlántico recaudan algo más de $ 100 millones anuales con el cobro de peaje, sin embargo el proyecto del oficialismo indica que las empresas adjudicatarias realizarán inversiones por $ 300 millones anuales durante los primeros cuatro años de concesión, totalizando al final de la misma un total de $ 8.000 millones que -de ser ciertas- evidenciarían la intención de aumentar como mínimo un 300 % el valor de la tarifa de peaje, solo para solventar las inversiones comprometidas y sin ganancia empresarial, lo que avalaría su elevación a $ 50.
Respecto de las obras viales que debería realizar el concesionario en los primeros ocho años del plazo de concesión, estarían sobrevaluadas si tomamos en cuenta los precios testigos de la propia Vialidad provincial para la construcción de rutas: el costo de las proyectadas ascendería a unos $1.200 millones, en lugar de los $ 2.400 que figuran en el proyecto. Por otra parte diversas obras viales que figuran en dicho proyecto no serán ejecutadas por la empresa a cargo del cobro de peaje sino por el Estado, utilizando recursos provistos por el gobierno nacional.
El legislador socialista explicó que la Tasa Gasoil -impuesto nacional con que se grava la venta de dicho combustible- fue creado para ser destinado a la realización de obras viales y para la eliminación o reducción del peaje. Agregó que, desde que se creó dicho tributo hasta el 30 de septiembre del 2009, se han recaudado $ 15.500 millones que han sido enviados al Sistema de Infraestructura del Transporte (SIT) el cual incluye al SISVIAL (Sistema Vial) que solo recibió un monto bruto de $ 9.385 millones –según datos de la UCOFIN-, del cual se utilizaron en obras viales $ 5.738 millones, correspondiendo solamente $ 1.084 millones para las ubicadas en territorio bonaerense.
Al respecto cuestionó el manejo arbitrario que el gobierno nacional realiza de las cifras multimillonarias provenientes de este impuesto, ya que es depositado en un fondo fiduciario –sin controles- y ha sido utilizado para el otorgamiento indiscriminado de subsidios.
El diputado socialista demostró con datos de organismos oficiales que de lo destinado al SISVIAL, el PEN sólo asigna el 70 % a las provincias y -de este 70 %- a Buenos Aires le corresponde el 26,61 %. La administración del 30 % restante queda a criterio y decisión exclusivos de la Autoridad de Aplicación, la cual depende del PEN. El Estado nacional no aclara cómo reparte estos fondos. El PE bonaerense jamás ha reclamado la justa distribución de los fondos del SISVIAL, como tampoco lo ha hecho con la coparticipación federal.
Otro proyecto de ley dispone que, rescindidos los actuales contratos, las obras viales en las Rutas provinciales concesionadas volverán a estar a cargo de la Dirección de Vialidad. Para ello se reclamará al Gobierno Nacional el envío de los recursos provenientes de la recaudación de los impuestos a los combustibles, así como de otros establecidos para el desarrollo de trabajos viales.
El Gobernador Scioli presionó a los bloques oficialistas para que la Legislatura aprobara antes del 10 de diciembre –día en que perderá las mayorías en ambas Cámaras- el proyecto de ley para otorgar en concesión por 30 años a sola empresa para el cobro de peaje en la Autovía 2, las rutas Nº 11, Nº 63, Nº 56, Nº 74, así como un número no determinado de otras que se incorporarían a futuro. Según trascendidos, sería el grupo Eurnekian el beneficiario del negocio.
La iniciativa, que centralmente plantea la autorización para un llamado a licitación pública al efecto, no establece las bases ni las condiciones para esa operación, como así tampoco si la empresa adjudicataria deberá pagar canon al Estado, qué obras estará obligada a realizar, etc., por lo que el proyecto constituye una especie de cheque en blanco. Más irracional aún es el hecho de que actualmente las rutas principales están concesionadas, motivo por el cual se plantea otorgarles una compensación millonaria por su retiro, sin que se mencione en el proyecto cuales serán los criterios y condiciones.
