La causa se inició por una denuncia de organizaciones sociales por el maltrato y la falta de asistencia que sufren los chicos en situación de calle. Las distintas organizaciones que forman parte de la Asamblea Permanente por los Derechos del Niño denunciaron también el cierre de 20 hogares en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, algo que dejó afuera del sistema a más de 400 niños y niñas.
El juez Arias detalló que en su fallo “obliga a establecer un parador de modo permanente para la atención de las necesidades básicas de los chicos en situación de calle, como alimentación, higiene, un lugar para que puedan descansar y que puedan tener asistencia de personas especializadas”. En ese sentido explicó que es para “que se proteja a los chicos y para que se dé cumplimiento a las normas de protección y promoción de los derechos del niño, evitando la criminalización de sus conductas” ya que “desde el estado muchas veces las respuestas son represivas, desde los medios son estigmatizantes y desde la sociedad existe mucha indiferencia”.
Arias contó que dispuso también “que la provincia cuente con un lugar adecuado para el tratamiento de las adicciones que es una cuestión central” porque “tenemos el hospital de niños que sólo atiende las emergencias, las urgencias, pero después no existen lugares donde pueda continuar el tratamiento un chico que está intoxicado”.
También dijo que “se les ha ordenado que cuenten con una línea telefónica las 24 horas, que funcione las 24 horas porque hay una línea pero no funciona las 24 horas y que se difundan estos números de teléfono”.
Con respecto a la parte del fallo que ordena al gobierno bonaerense hacer una fuerte inversión en publicidad sobre el tema, Arias explicó que “aunque la provincia de Buenos Aires invierte mucho dinero en publicidad no hay ninguna referida a los chicos, de modo que se le ha obligado a que invierta un 25 por ciento de su publicidad en la promoción de los derechos del niño”. También se le ordenó “que tenga operadores de calle en número suficiente para poder asistir a los chicos” y que se pongan a su disposición “automóviles para poder salir a la calle para poder cumplir acabadamente su tarea”.
En relación a las políticas públicas destinadas a los niños, niñas y adolescentes, el juez opinó que a pesar de los distintos programas gubernamentales que existen “lo que falta acá es la voluntad política de sacarlos de la situación en la que se encuentran”. En ese sentido destacó que “la Asignación Universal por Hijo es un gran avance” y “un piso necesario que debemos destacar pero no es suficiente”.
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