No reglamentan la ley de tenencia de perros peligrosos

Los últimos y gravísimos casos de ataques de perros de razas definidas motivaron un proyecto de declaración de la senadora María Isabel Gainza en el que se insiste con la reglamentación de la ley 14.107, sobre la tenencia de animales pertenecientes a razas caninas potencialmente peligrosas. La primera declaración, elevada el año pasado, terminó enviada por el Ejecutivo en una dependencia aparentemente equivocada.

Se trata de “insistir en la necesidad impostergable de preservar la salud de la población a través del registro de quienes poseen ejemplares caninos de razas potencialmente lesivas” pero además de “preservar la salud institucional al entender que el Poder Ejecutivo no puede dar por atendida una declaración” emanada del Senado “al remitir el expediente a una dependencia que no reconoce competencia en la materia”.
Mientras se observan esos errores administrativos, informes periodísticos hacen referencia a que en la Provincia de Buenos Aires miles de personas son agredidas por perros y resultan con lesiones de diversa gravedad. Está claro que son frecuentes las noticias sobre daños, en ocasiones irreversibles, que sufren muchas personas a partir del ataque de estos animales.
A principios de marzo un rottweiler y un ovejero alemán atacaron a dos niños cerca de la ciudad de Bahía Blanca; el 9 de marzo un hombre fue brutalmente atacado por un perro cruza rottweiler cuando salía de un comercio en Olavarría; el 19 del mismo mes un hombre murió por las graves heridas que le provocaron tres perros dogo que lo atacaron cuando circulaba en bicicleta por la localidad bonaerense de Merlo, mientras una mujer sufrió lesiones cuando intentó ayudar a la víctima. El año anterior otro dogo atacó a una mujer en el barrio Los Hornos de la ciudad de La Plata y un pitbull ocasionó la muerte de un hombre.
Las vidas perdidas y también las que en diversa medida resultaron afectadas -directa o indirectamente- por la irresponsabilidad de los dueños de animales potencialmente peligrosos, urgen al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la ley en cuestión, que lleva ya más de dos años desde su aprobación, exigió la legisladora. Por otro lado, resulta cuanto menos preocupante que el Poder Ejecutivo haya remitido el expediente a un ámbito –la Coordinación General de Políticas de Gobierno del Ministerio del Interior- que no se reconoce competente en la materia. Pero además, que tal afirmación “haya sido entendida válida contestación a la mencionada Declaración y, a través del expediente B 446/12-13, se haya enviado a esta Honorable Cámara dando por resuelto el tema”, dicen los fundamentos de la nueva declaración con la que Gainza insiste sobre un tema en el que se están jugando vidas.