Otros dos fiscales están en la mira por el caso del violador absuelto

Intervinieron en la instrucción de la causa del acosador que quedó libre porque el informe médico que constataba el abuso no tenía firma ni sello del profesional. Sus actuaciones están siendo analizadas para una eventual sanción.

Fuentes judiciales revelaron que si bien la fiscal María del Carmen Gigante es la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre que llevó adelante el expediente, otro fiscal intervino en el pedido de prisión preventiva y un tercero fue el que requirió la elevación a juicio oral ante el juez de Garantías de San Isidro a cargo de la causa, Rafael Sal Lari. En tanto, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández Fernández recibió a los familiares y el abogado de la víctima. Al término de la reunión, María Giménez, madre de la víctima, aseguró que el ministro les brindó “todo su apoyo” para avanzar sobre el pedido de juicio político contra la fiscal de Tigre que instruyó la causa, Gigante , y que le transmitió la preocupación de la presidenta de la Nación por este caso. En tanto, el abogado de la familia, Dr. José Vera de Asistencia a la Victima de la Secretaria de Proteccion Ciudadana del Municipio de Tigre, aseguró que junto al ministro Fernández formalizarán un “pedido de juicio político contra la fiscal Gigante, “no sólo por este caso sino también por otros que se están auditando en el ministerio“. “Nosotros vamos a hacer un pedido de juicio político en representación de la señora María Giménez. El ministerio de Justicia va a hacer otro pedido, para lo cual hemos coordinado hacerlo el mismo día en forma conjunta pero de forma independiente”, dijo Vera. En cuanto a los pasos a seguir, Vera señaló que la familia “no está en condiciones de presentar el recurso de Casación porque la madre no se constituyó como particular damnificada precisamente por indicación de la fiscal”. “Lo que sí vamos a hacer es acompañar al fiscal de juicio (Diego Molina Pico) en su pedido y después hacer el seguimiento en la Cámara de Casación pidiendo la reedición de las pruebas”, agregó. En ese sentido, el letrado explicó que quieren “establecer la identidad del médico” que realizó el informe que acreditaba que la víctima había sido abusada, pero que quedó nulo en la causa porque el documento no tenía la firma ni el sello del profesional. Por ese motivo es que el miércoles pasado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro tuvo que absolver por el beneficio de la duda al imputado Francisco Javier Centurión (45) al no contar con una prueba científica que constate que la víctima había sido abusada. Giménez comentó que por “miedo” a que su hija se cruce con el presunto abusador, tuvieron que mudarse y contó que la chica, de 20 años pero de 11 de edad mental por un retraso madurativo, “no se da cuenta mucho de lo que pasó, pero sabe que algo malo pasó”. Por otra parte, fuentes de la Procuración bonaerense dijeron que la procuradora María del Carmen Falbo pidió recabar información sumaria para analizar la actuación de los fiscales que intervinieron en la instrucción y en el juicio oral. El escándalo en torno a este caso surgió a partir del fallo en el que el TOC 7 de San Isidro tuvo que absolver el miércoles al imputado Centurión porque no pudieron acreditar científicamente que hubo una violación por el error en el informe médico. El fiscal de juicio Molina Pico había pedido 7 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en base al relato de la víctima y otros testigos, pero para los jueces no alcanzó para llegar a una sentencia condenatoria y absolvieron por el beneficio de la duda.