Trasladan hoy el Siqueiros para restaurarlo

Los contenedores en los que, durante 17 años, se estuvo deteriorando una obra maestra del arte latinoamericano, el mural «Ejercicio plástico» de Siqueiros

Hoy se traslada a la Aduana Taylor, junto a la Casa Rosada, el mural «Ejercicio plástico» que en 1933 pintó David Alfaro Siqueiros en la Argentina. Según anunció Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia, Cristina de Kirchner estará presente cuando lleguen los cuatro contenedores donde se estuvo estropeando esta obra cumbre del arte desde hace de 17 años, a la intemperie de una playa de grúas bonaerense. El mural, finalmente, estará bajo techo, pero nunca mas en Don Torcuato su ciudad natal. Habia que salvar la pintura de los inexorables deterioros que causan los cambios bruscos de temperatura, la condensación de la humedad y las filtraciones de los contenedores que no son herméticos, varios funcionarios intentaron rescatarla. Pero una feroz e intrincada batalla legal demoró estas gestiones hasta que se logró hacerlo ahora (cuando todavía sigue sepultado bajo una montaña de expedientes y cuestiones financieras). Pero el cerrojo legal no fue él único impedimento, más allá de que el juez D'Alessandro levantó la orden de no innovar que retenía la pintura en el lugar más inhóspito que pueda imaginarse para una obra de arte. El gobierno logró el apoyo de tres magnates. Para comenzar, Carlos Pedro Blaquier (Ledesma) que pagó alrededor de 100.000 dólares a la playa de grúas por el servicio de guardar los contenedores. Luego, para destrabar judicialmente la obra, Paolo Rocca (Techint) y el empresario mexicano Carlos Slim (Claro y Telmex), se comprometieron ante el juez a solventar los gastos de las grúas y el traslado de los contenedores (a cargo de la firma Delmiro Méndez) y a levantar un tinglado en la Aduana Taylor para resguardar la pintura mientras se realice la compleja restauración. No se conocen aún las cifras en juego, pero se sabe que Slim aporta un monto mayor, que se incrementará con la onerosa restauración. También es mexicano Manuel Serrano, el restaurador que en 1991 llegó a Buenos Aires para fragmentar la pintura en seis partes, con el fin de armarla y desarmarla como un puzzle en cualquier lugar del mundo; ahora volverá con su equipo a reunirlas de nuevo. Es decir, Serrano asumirá la responsabilidad de recuperar la obra que encontró en el sótano de la quinta «Los Granados» de Don Torcuato del millonario Botana. Según anunciaron en Presidencia, «el traslado ocurrirá mientras se aguarda que el Senado trate la ley de expropiación del mural, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados». La abogada Mirta Barruti, representante de Dencanor, firma que tiene la titularidad de la obra, señaló que el nuevo convenio con el Estado para la exhibición del mural reiterará los términos del acuerdo que se firmó en febrero de 2004 con el secretario de Cultura Torcuato Di Tella. Dicho escrito aclara que después del desguace, el mural es un bien mueble, condición que «posibilita la itinerancia para su exhibición». Luego, la propietaria ratifica ante el Estado que la obra «será exhibida en la Argentina por el plazo de un año», plazo que en estos días se extendió para que el mural se exhiba durante los festejos del Bicentenario. Pero, ¿después del Bicentenario qué? ¿El mural puede salir del país para siempre? Con este acuerdo el Estado le da el visto bueno a la «exportación temporaria» de la obra, que finalmente es una exportación, y sin plazos acotados. «En caso de su eventual exportación, lo será siempre de forma temporaria con conformidad de la propietaria y el Estado nacional, con el fin de que sea exhibido en otros países y previa contratación suficientemente representativas del extranjero que aseguren su devolución a la Argentina,» dice el escrito. La palabra «temporaria» es tan ambigua como un convenio donde el único y brevísimo plazo que se estipula es el Bicentenario. Hay millones en juego y varias instituciones del mundo que lo esperan. Expropiar la obra es una solución drástica, la única que puede restringir los derechos a la propiedad privada, obligar a las partes litigantes a ponerle precio y asegurar que el mural quede en la Argentina de modo definitivo, aunque implica que el gobierno pague su valor.