Después de más de cien días del lock-out patronal sojero que intentó amenazar la continuidad institucional del gobierno de Cristina Kirchner, se hace necesario hacer algunas consideraciones respecto de la situación emergente y determinar al mismo tiempo algunas líneas de acción para ser llevadas adelante por el conjunto del movimiento a nivel nacional.
En primer lugar, reafirmamos que el corte de rutas y el paro granario han constituído no sólo un reclamo de carácter sectorial referido a las retenciones de la renta extraordinaria producida por la exportación, sino la expresa voluntad de discutir el modelo económico, político y social en curso en la Argentina. Primera embestida para la conformación de un nuevo bloque político en nuestro país como expresión política de los sectores más concentrados de la economía. La debilidad o la inexistencia de referentes políticos que pudieran acumular en dirección a la conformación de un partido o movimiento político que los represente, se ha constituído también en su propia debilidad para estos sectores.
En segundo lugar, pese a la magnitud de la movilización desplegada por los oligarcas y sus aliados de las clases medias rurales, sectores de las clases medias urbanas, opositores políticos y dueños de los multimedios; nuestro gobierno ha mostrado su propia fortaleza: por un lado, la legitimidad de una política basada en la convicción de que las retenciones constituyen una herramienta que transfiere parte de las ganancias extraordinarias que produce la exportación de granos para garantizar la continuidad de un modelo de base productiva con distribución del ingreso hacia los sectores populares. Al mismo tiempo, la consistente argumentación de que nuestro gobierno posee la legitimación otorgada por 14.000.000 de votos que en Octubre le dieron el aval para darle continuidad al proceso iniciado en el 2003 para la construcción de una Argentina que contenga a todos con inclusión y redistribución de la riqueza.
Pero así como hablamos de las fortalezas de nuestro gobierno, que le han impedido a los oligarcas llevarse una victoria concluyente, es preciso señalar primero que el desgaste a que ha sido sometido ha implicado un costo político que habrá que recuperar.
Es obvio, que la imagen presidencial ha perdido consenso en sectores medios de la población que la habían votado. En segundo lugar, que la ausencia de políticas dirigidas a los sectores pequeños y medianos del campo, o en todo caso, elaboradas en la emergencia, impone la urgente necesidad de construírlas.
En tercer lugar, pese a los esfuerzos, los sectores populares, principales destinatarios del proceso de inclusión y redistribución de la riqueza, han estado en la coyuntura, no sólo influidos por la fuerte operación mediática, sino también por el creciente deterioro de los ingresos de los trabajadores y demás sectores populares, merced a un proceso inflacionario que no puede ocultarse.
En cuarto lugar, la alianza de nuestro gobierno con las representaciones tradicionales de los partidos políticos como principal soporte del gobierno nacional y de su proyecto se ha mostrado insuficiente y ha hecho crisis de una manera muy significativa: muchos de ellos se abstuvieron de tomar una posición clara y otros decididamente se pasaron al campo del enemigo. Sólo los movimientos sociales y muy pocos sindicatos (camioneros) de la CGT y la CTA se posicionaron claramente en defensa del gobierno nacional. Algunos dirigentes políticos estuvieron abiertamente conspirando, encabezados por Duhalde, especulando con la posibilidad de la caída de nuestro gobierno.
La convocatoria a Plaza de Mayo del miércoles 18 de Junio logró poner de manifiesto el alto consenso popular con el que cuenta el gobierno de Cristina Kirchner, al tiempo que posibilitó la manifestación pública de apoyo de otros sectores de la vida política nacional que acudieron a la Plaza para defender un gobierno que rompió su aislamiento, y dando una demostración contundente de la voluntad de la mayoría de la sociedad de dar respaldo no sólo a nuestro gobierno, sino también al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia.
Por otra parte, y en esa misma dirección, la decisión presidencial de enviar como proyecto la Resolución 125 al Congreso de la Nación legitima aún más esa voluntad, al tiempo que, saca al Poder Ejecutivo Nacional de una confrontación directa entre las entidades rurales y el gobierno. Ese traslado, reubica una demanda sectorial en el plano que le corresponde; la Presidenta de la Nación representa a todos los argentinos y no es contra-parte de un conflicto sectorial.
Estamos ante la finalización de una de las primeras batallas importantes en la que se juega el futuro del proyecto nacional. A ésta le seguirán seguramente otras, porque queda demostrado que los dueños de la tierra no cejarán en su decisión de volver atrás.
Entonces en este nuevo escenario, será preciso que la conducción de nuestro proyecto profundice no sólo en materia de políticas económicas con eje en la redistribución hacia los sectores populares, sino también en la inserción de las representaciones populares en las estructuras del Estado.
La urgente necesidad de creación de la Secretaría de Agricultura Familiar va en esta dirección: es imprescindible desmitificar la idea de que el lock-out patronal es en beneficio de los pequeños productores. En realidad, éstos no han estado representados, como así tampoco los trabajadores rurales.
El año 2009 es un año electoral. En nuestra experiencia democrática, pese a que no se disputa la presidencia, los antecedentes de Alfonsín en 1985, muestran elocuentemente la necesidad de elaborar una estrategia que aún reagrupando a los jefes territoriales tradicionales, incorpore necesariamente al Congreso a representantes más comprometidos con el proyecto nacional. La brecha abierta por la incorporación en el PJ de nuestros compañeros/as deberá ser ampliada por designaciones de nuestros compañeros/as en la gestión de gobierno.
En la coyuntura, los próximos 15/ 30 días el debate y la movilización se trasladan al Congreso Nacional. En este sentido, el Movimiento Evita ha resuelto desarrollar todas las acciones vinculadas a generar consenso para la ratificación en el Congreso del proyecto presidencial: mesas de debate, radios abiertas, volanteadas, carpas en las Plazas o en las Legislaturas Provinciales, serán nuestras herramientas. Pero, principalmente, solicitar a los Diputados y Senadores de cada uno de los distritos a expedirse claramente con respecto al tema. Enviaremos a todos ellos una comunicación como Movimiento Evita poniendo de manifiesto que no se trata tan sólo de la discusión de un derecho de exportación, sino que está en juego el propio modelo de país. O volvemos al país de la concentración económica con millones de pobres y sin Estado, o profundizamos el proceso de una Argentina justa, libre y soberana, con inclusión social y distribución de la riqueza.
Ante el próximo debate NI UN PASO ATRAS es nuestra consigna.
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