El tiro por la culata para Posse: la Justicia frenó la venta del Hipódromo

A través de una medida cautelar, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1 rechazó el pedido de la Municipalidad de avanzar con la venta de los terrenos. Según el senador Sebastián Galmarini, es un “triunfo de los vecinos”.

La disputa en torno a 43 mil metros cuadrados de espacios verdes del Hipódromo de San Isidro sumó un nuevo capítulo y, una vez más, el revés fue para el intendente Gustavo Posse. Por caso, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo 1, a cargo del juez José Abelardo Servin, rechazó el pedido de la Municipalidad de levantar la medida cautelar que impide la venta de los terrenos a través de la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, mediante la ordenanza 8745/144. El amparo fue presentado por la concejal del Frente Renovador (FR) y suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu, para exigir una consulta pública y estudios de impacto ambiental antes de avanzar con los negocios inmobiliarios.
“Ahora estamos esperando que se resuelva la cuestión de fondo, que es declarar inconstitucional la Ordenanza. Lo tiene el mismo juzgado que rechazó levantar la cautelar hasta que no se terminen de tramitar los pedidos que hicimos: la consulta popular y el informe ambiental”, explicó el senador bonaerense por el FR, Sebastián Galmarini. El cuñado de Sergio Massa consideró que la nueva medida es un “triunfo de los vecinos” porque “hubo una movilización enorme, juntaron firmas, se organizaron usando las redes sociales y eso para nosotros siempre es más importante que la cuestión política”.
Galmarini, además, presentó en el Senado provincial un proyecto para que los terrenos del Hipódromo constituyan un “espacio verde protegido”. El proyecto pasó por la Comisión de Medio Ambiente y está en la de Asuntos Constitucionales. “En la próxima reunión calculo que el expediente va a pasar a recinto, y antes de mitad de año tendría que estar la ley”, sostuvo.
Al presentar el recurso de amparo que la Justicia decidió mantener vigente, la concejal Durrieu había argumentado que la ordenanza 8745/144, además de incumplir los requisitos para proyectos que afectaran al medio ambiente, “tampoco tenía en cuenta la capacidad de infraestructura y servicios esenciales necesarios para la reestructuración urbana que disponía la norma, votada de apuro por el possismo en la última sesión de 2013 del Concejo Deliberante”.