Massa busca endurecer las penas para los delitos de corrupción

Impulsará una serie de iniciativas para agravar sanciones. Y propondrá crear la figura del “arrepentido”. Quiere formar una comisión que dé asistencia a la Justicia, para recuperar activos provenientes de la corrupción. 

Una semana después de su triunfo en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa sube la apuesta, saca a la cancha a un ex niño mimado de Elisa Carrió y se mete con un tema sensible para la Casa Rosada y del que el candidato había evitado hablar en la etapa previa a las primarias: la corrupción.
El intendente de Tigre, ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, pone la lupa por estas horas en un paquete de 10 proyectos de ley que contemplan, entre otras iniciativas, el incremento de penas mínimas y máximas para delitos de corrupción y que se agravan para los miembros del Poder Ejecutivo y gobernadores: cuanto más alto sea el cargo en un Gobierno y cuanto mayor sea el impacto económico para el Estado, más duro sería el castigo.
El borrador de los proyectos, prevé la creación de una Comisión de Asistencia a la Justicia –integrada por ciudadanos elegidos por concurso y con perfil independiente– para el recupero de activos provenientes de corrupción, propone un cuerpo de policía de investigación judicial que funcione como auxiliar del Ministerio Público Fiscal en delitos derivados de la corrupción y a la vez crea un sistema de protección para quienes denuncien o sean testigos de casos de cohecho que comprometan a funcionarios públicos, en el borrador llamados whistleblowers . Ese proyecto tiene un ítem qu e incorpora la figura del arrepentido y que morigera las penas para quienes aporten datos concretos en una investigación. Aseguran que está sujeto a estándares establecidos en convenciones y tratados internacionales.
El primer punto es ligeramente polémico porque establece el decomiso de los bienes apenas se compruebe su origen ilícito. Es decir, no es necesaria una condena penal del funcionario involucrado. Está pensado para evitar lo que sucedió con el caso María Julia Alsogaray. La ex funcionaria menemista ya estaba condenada por enriquecimiento ilícito cuando la Justicia ordenó el remate del petit hotel de la Recoleta.

Adrián Pérez, ex diputado de la Coalición Cívica, ex candidato a vicepresidente de Carrió y actualmente postulante a diputado en la lista del Frente Renovador es el responsable de la elaboración de los textos, que podrían ser presentados por Massa en los próximos días. El punto más fuerte obliga a una reforma del Código Penal: el proyecto del Frente Renovador endurece las penas para los acusados por cohecho y tráfico de influencias, que hoy fijan una condena de uno a seis años de cárcel y que pasaría de dos a ocho. Lo mismo para el delito de enriquecimiento ilícito para funcionarios y empleados: sube de uno a dos la mínima y la máxima pasa de seis a ocho. La parte más dura del proyecto abarca al Poder ejecutivo, gobernadores, jueces y legisladores: las condenas pasarían a ser de 3 a 12 años (o sea, no sería excarcelable). “El criterio es que, ante mayor nivel de responsabilidad, mayor grado de penas”, dice Pérez.
La propuesta se da en un momento en el que las encuestas revelan que crece la preocupación de los ciudadanos por los delitos de corrupción cometidos desde oficinas gubernamentales y cuando a la actual administración aparece complicada por distintos casos de alto impacto.
Massa, en plena campaña y con la aspiración de superar los 40 puntos en el principal distrito del país el 27 de octubre, negó que detrás de la movida busque un impacto electoral.
“Queremos más transparencia en la administración pública y por eso lo sumamos a Adrián Pérez. Le hemos dado libertad para que trabaje en lo que más sabe”, dice el intendente, preparado ya para el nuevo frente que se le abre con la Casa Rosada.