Gainza denuncia falta de controles en las salidas transitorias de presos‏

La senadora María Isabel Gainza, a través de un proyecto de declaración, expresó su más profunda preocupación por el cuádruple asesinato producido en Hudson hace unas semanas donde el principal sospechoso, luego de haber quebrantado en una primera ocasión las salidas transitorias, obtuvo dicho beneficio por segunda vez, momento en el que se habría consumado la muerte de cuatro víctimas. También cuestionó la efectividad de la aplicación de la Ley 12.256 “De Ejecución Penal” en lo relativo al régimen de morigeración del encarcelamiento de los condenados en la Provincia de Buenos Aires, su criterio para concederlos y el respectivo control llevado a cabo por el Patronato de Liberados.

La legisladora recordó que el principal sospechoso del cuádruple crimen, Diego Perotti, tras violar el beneficio otorgado por la Justicia, habría asesinado a cuatro personas. Actualmente se encuentra prófugo y es buscado por el horrendo episodio.
Perotti fue enjuiciado y condenado a pena de prisión por ocho años por el delito de robo y abuso de armas. En septiembre del año 2011 se le concedió un régimen de salidas transitorias. En tal ocasión, el condenado se dio a la fuga, hasta que nuevamente es apresado, colocado a disposición de la Justicia y puesto nuevamente en los establecimientos penitenciarios a efectos que cumpla con la condena que sobre él recaía. En abril del corriente año, se le vuelve a conceder el mismo beneficio, oportunidad en la cual vuelve a escaparse. En ese momento, decide convivir con Lorena Sosa, quien junto a otras tres personas más serían las víctimas del homicidio múltiple.
La situación procesal de Perotti se corresponde con el régimen establecido en la Ley 12.256 de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires. El instituto de salidas transitorias se acuerda según los tiempos mínimos de ejecución de las penas, si el condenado tiene o no otra causa abierta y la estimación sobre su conducta. Además de los referidos requisitos, la ley dispone la posibilidad del apartamiento por parte del Juez de los dictámenes de la Junta de Selección y la intervención del Patronato de Liberados, como organismo tutelar.
De acuerdo a lo sucedido en Hudson, existe un interrogante en torno al criterio del juez por el que otorgó el beneficio, más aún mediando previa fuga del establecimiento carcelario. En ese contexto, la palmaria peligrosidad del condenado que bajo sin restricción ni tutela se encontró en libertad, circunstancia en la cual concretó el crimen destacado.
“Por otra parte, la disfuncionalidad del Patronato de Liberados en ciertos casos no debe pasarse por alto. En el presente, existe una falta de control sobre la situación procesal del principal sospechoso de los asesinatos. De acuerdo a lo desarrollado, el Patronato de Liberados no pudo ejercer su tutela que por ley le corresponde”, denuncia la legisladora de la 7° sección.
En las ejecuciones presupuestarias al mes de noviembre del año 2011, en lo que respecta al Patronato de Liberados, se le ha otorgado a la Dirección Ejecutiva de Actividades y Programas un crédito de 4.441.286,00 de pesos y sólo se ha devengado el monto de 2.465.529,42 de pesos. En lo que respecta al cálculo total en concepto de “Actividad Central” del Patronato de Liberados, se ha otorgado un crédito de 28.992.400 de pesos, el cual no se ha utilizado en su totalidad ya que se ha dejado como saldo un total de 8.398.813,71 de pesos sin destino.
“La ligera concesión de beneficios que atenúan la penas privativas de libertad y la alteración efectiva de las funciones del Patronato de Liberados impacta directamente sobre los fines más nobles de todo sistema penal, el cual es la inserción social de los condenados a través de su asistencia y control. A ello se le suma la retroalimentación de un circuito de comisión delictual que afecta al colectivo social y como en el presente crimen, arroja como resultado la muerte de cuatro personas inocentes”, concluye Gainza.