Un diputado y cuatro senadores fueron sorteados para conformar el jury que evaluará la actuación de María del Carmen Gigante, la fiscal de San Isidro que instruyó la causa en la que un hombre acusado de violar a una discapacitada fue absuelto porque en el expediente no figuraba el nombre y el sello del médico que acreditaba el abuso.
Fuentes judiciales informaron que ya fueron sorteados en el Senado provincial la diputada María de la Paz Dessy y los senadores Javier Arturo Mon Roig, Santiago Andrés Nardelli, Cristina Beatriz Fioramonti y Enrique Marcelo Honores, quienes formarán parte del juicio político que se le seguirá a Gigante.
Además, la Suprema Corte de Justicia bonaerense fijó para el próximo 30 de septiembre a las 10 la audiencia para sortear a los abogados conjueces que junto a los legisladores terminarán de conformar el jury.
Asimismo, fuentes de los tribunales de San Isidro informaron que Gigante se encuentra con una "licencia psiquiátrica" desde hace varios meses.
Una vez que estalló el escándalo, el fiscal general de San Isidro Julio Novo desplazó el 12 de marzo pasado a Gigante de su puesto como titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Tigre y la designó en el área de Transición y Ejecución Penal, lugar donde estuvo trabajando hasta que le dieron la licencia.
Cuatro son los pedidos de juicio político que acumula Gigante: el de María Giménez, la madre de la víctima de la violación; el del actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández, redactado cuando era ministro de Justicia; y el de los legisladores provinciales Guido Lorenzino y José Molina.
El caso se conoció a principios de marzo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro tuvo que absolver a un hombre que había llegado a juicio acusado de violar sistemáticamente a una vecina de 20 años y con retraso mental en Talar de Pacheco, porque el informe médico que acreditaba que la víctima había sido abusada carecía del sello y la firma del médico interviniente.
Según la elevación a juicio, el imputado Francisco Javier Centurión (45) fue denunciado por abusar, entre mayo y junio de 2007, de una chica de 20 años, pero con mentalidad de 11 por un retraso madurativo, que vivía a pocos metros de su casa.
Más allá de que la propia víctima contó en el debate que Centurión le decía que era su novio, la manoseaba, tenía relaciones sexuales con ella y le exigía que no contara nada, el TOC 7 lo absolvió por el beneficio de la duda.
Los jueces criticaron con dureza a la fiscal Gigante, que instruyó la causa, porque el informe médico que acreditaba que la víctima tenía desfloración de vieja data carecía del nombre del perito actuante y no había prueba científica ni siquiera para sostener que la chica había tenido relaciones sexuales.
El error consistió en que el mencionado informe estaba agregado a la causa como fotocopia de un fax que se había emitido desde la Policía Científica a la fiscalía de Gigante, pero cuya transmisión evidentemente se había cortado en la parte inferior de la hoja donde constaba la identificación del perito.
Al enterarse del caso, el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández logró en una hora y media que personal de su cartera contactara e identificara al médico ginecólogo de la policía que había hecho el informe, una tarea que en dos años de instrucción, no hizo Gigante, ni ninguno de los otros fiscales que tuvieron la causa hasta que llegó al debate oral.
El fallo absolutorio de Centurión fue apelado ante la Cámara de Casación bonaerense por el fiscal de juicio de San Isidro Diego Molina Pico, quien en el debate había solicitado la pena de siete años de cárcel para el imputado.
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