El ministerio de Planificación apeló el fallo que hizo lugar al pedido del ombudsman

El ministerio de Planificación apeló el fallo que hizo lugar al pedido del ombudsman, por el cual las empresas no pueden cortar el suministro a los usuarios que se opongan a pagar los incrementos; De Vido dijo que "el facultad del Gobierno otorgar y quitar subsidios"; Mondino respondió que "ningún gobierno tiene la facultad de dictar normas arbitrarias"

Los aumentos en las tarifas de electricidad, que suscitaron protestas vecinales y la mediación de la Defensoría del Pueblo ante la Justicia, para poner un freno legal a la disposición oficial, siguen causando controversias. La disputa se agravó hoy, cuando el Gobierno reaccionó con una apelación a los avances de la causa abierta por el ombudsman, Eduardo Mondino, quien logró prohibir que las empresas distribuidoras de energía corten el suministro por falta de pago en las facturas con incrementos. "Hoy estamos apelando sobre todo porque es facultad del Poder Ejecutivo otorgar y quitar subsidios. Está claro que se trata de quitar a quienes consumían más, que por lógica son los que tienen más poder adquisitivo. No consideramos lógico ni justo que el gobierno nacional, a través del presupuesto que pagan todos los argentinos, estuviera subsidiando este consumo", dijo el ministro de Planificación, Julio De Vido. Así, justificó su accionar ante la Justicia, con el que intenta llevar adelante lo resolución que permite a Edelap, Edenor y Edesur aplicar los incrementos que llegaron, según las denuncias de la defensoría, hasta el 1000%. De Vido presentó este mediodía la contestación al amparo. Confiado, declaró: "Descuento que va a hallar razonabilidad a nuestro planteo". Ante la argumentación de De Vido, Mondino arremetió: "Lo que ningún gobierno tiene, en un estado de derecho, es la facultad de dictar normas arbitrarias. Y esta norma es claramente arbitraria. Acá no está en discusión si se puede o no otorgar subsidios; lo que está en discusión es una norma que en su aplicación es ilegal y arbitraria". La respuesta fue más amplia. "La decisión que tomó el Ministerio de Planificación tornó a la facturación de este servicio en arbitraria e ilegal y pedimos la nulidad de esa norma". Y aclaró: "La anunciada apelación del Gobierno no modifica la situación actual: las empresas no le pueden cortar el servicio de electricidad a ningún usuarios por falta de pago de la factura". El ombudsman nacional aún espera por su pedido de anular las resoluciones oficiales. Pero eso, recién comenzará a evaluarse la semana próxima, cuando se abra el año judicial, y se trate la causa en profundidad. Hasta ese momento, según lo resuelto, gozaría de un aval de la Justicia, luego de que se lo reconociera como representante de los usuarios, algo que fue concebido luego de la apelación al fallo que desconocía su competencia. Ahora, la apelación oficial le pone piedras en el camino. Según el ombudsman, en un Estado de derecho no se puede dictar normas arbitrarias e ilegales y si se lo hace son objeto de revisión judicial. "Estoy convencido que, respecto a la cuestión de fondo, esta medida va a ser declarada arbitraria e ilegal", concluyó.