Prospera denuncia de Sergio Massa cuando era titular del Anses

Un ex gerente de la Anses irá a juicio oral por tráfico de datos Por primera vez, un funcionario que se desempeñó en el gobierno de Néstor Kirchner irá a juicio oral como sospechoso de un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Se trata de Manuel Enrique Prieto, ex gerente de Control de la Anses, acusado de haber traspasado a una empresa privada, en forma ilegal, una base de datos con información confidencial sobre 12 millones de afiliados a obras sociales y beneficiarios de planes para desocupados. El juez federal Julián Ercolini acaba de dictar la elevación a juicio de la causa contra Prieto, que se inició a fines de 2004 con una denuncia del entonces director de la Anses y actual intendente de Tigre, Sergio Massa. La resolución de Ercolini es del lunes pasado, pero se conoció sólo cuatro días después de que el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart procesara en la causa Skanska al ex gerente general de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa. Este último es el único funcionario de peso del gobierno de Kirchner que carga con un procesamiento. El que se había dictado en abril de 2006 contra el ex secretaria de Agricultura Miguel Campos, por presuntas irregularidades en la distribución de la cuota Hilton, fue revocado por la Sala I de la Cámara Federal en agosto de ese mismo año. Ese tribunal también había revocado en octubre de 2006 un primer procesamiento contra Prieto, dictado en junio de ese año. Pero Ercolini insistió en abril de 2007 y la Cámara terminó por confirmar el procesamiento, en octubre. La elevación a juicio dictada el lunes también alcanza a Diego Eduardo Pizarro, presidente de P&P Datos, la firma a la que se traspasó la información sensible. Con sede en Córdoba, se dedica a la evaluación de riesgo crediticio, actividad que en la Argentina se hizo famosa con la compañía Veraz. Los datos robados, se supone, resultaban útiles a la empresa para determinar si las personas empadronadas podían responder a un préstamo. La información revelada a la empresa es de acceso público para los empadronados, pero sólo de manera individual y con el previo ingreso de un número de CUIL o DNI. Secretos violados Prieto y Pizarro están procesados por violación de secretos (artículo 157 bis del Código Penal), delito que contempla una pena de entre un mes y dos años de prisión y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre uno y cuatro años. De todos modos, el funcionario no irá preso. En su resolución, Ercolini se remitió a las pruebas enumeradas en el fallo en el que procesó a los acusados. Una de las más importantes es un peritaje que demostró, con una certeza de entre 99,98 y 99,99 por ciento, que la base de datos secuestrada en la firma cordobesa era la misma que la que manejaba Prieto en la Anses. La operación quedó en evidencia cuando por intermedio de una de sus secretarias Prieto pidió a Lautaro Palamidessi, por entonces empleado del área de Coordinación Informática, que le explicara al empresario cordobés cómo se operaba la base que tanto había reclamado. En un intercambio de e-mails con la secretaria de Prieto, el empleado descubrió que varias indicaciones que le habían pedido los días anteriores habían sido reenviadas a personal de P&P, que daba a entender que tenía la base en su poder. Tras descubrirse el hecho, cometido entre el 6 y el 12 de octubre de 2004, Prieto fue desplazado a otro cargo en la Anses. En el pasado, había sido ministro de Producción de San Juan, en la gobernación de Jorge Escobar. Fuente: Gabriel Sued, Redacción de LA NACION