Febres sigue detenido en la Prefectura de Tigre, mientras piden 25 años de prision por "Genocidio"

El ex represor Héctor Febres podría ser condenado a 25 años de prisión por “genocidio” si prospera el pedido de un querellante, hecho hoy en el alegato final del juicio oral que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA durante la última dictadura. Otros dos sobrevivientes-querellantes también reclamaron al Tribunal Oral Federal 5 una pena de 25 años de prisión para Febres como coautor de cuatro privaciones ilegales de la libertad y aplicación de tormentos. Los pedidos de condena se escucharon durante la jornada de hoy, que marcó el inicio de la última etapa del juicio al prefecto Febres, quien regresó a la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro y fue abucheado por una sala colmada de militantes de organismos de derechos humanos. Febres había presenciado el inicio del juicio, pero luego pidió no volver más a tribunales y permanecer en su lugar de detención, el destacamento de Prefectura en Tigre, hasta el tramo final. “Sigue guardando silencio sobre el destino de bebés robados y sus padres”, arremetió la abogada Miriam Bregman, defensora del querellante sobreviviente Carlos Lordkipanidse. El de la abogada y su socia, Laura Mazía, fue el último alegato del día, en el marco del cual se pidió al Tribunal que cambie la calificación legal por la cual Febres llegó a juicio -tormentos- y se lo condene por “genocidio”. Para esta querella hubo “una intencionalidad claramente política en el accionar de Febres” y recordó que en la estructura represiva se encargaba desde tratar con las embarazadas, ocuparse del ajuar de los bebés, hasta “planificar” secuestros. “Era un engranaje más de una única maquinaria genocida, fue pieza clave en el genocidio que se realizó en Argentina”, argumentaron los querellantes. Por ello se lo consideró “coautor de un plan criminal donde todos cumplían distintas funciones” y se reclamó “una condena a 25 años de reclusión a cumplirse en cárcel común por genocidio” en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y reducción a la servidumbre. Si bien según la querella merecería una condena a reclusión perpetua por genocidio, las abogadas recordaron las “limitaciones” impuestas a la hora de pedir condena por la “fragmentación” de la megacausa ESMA. El ex represor de 65 años es juzgado en esta ocasión por cuatro casos de aplicación de tormentos: los de Lordkipanidse, Josefa Prada de Olivieri, Carlos Alberto García y Alfredo Margari. Los abogados de los querellantes García y Margari, Rodolfo Yanzón y Luz Palmas Zaldúa, habían solicitado por la mañana también una pena de 25 años, en un alegato que se extendió más de dos horas. Ambos consideraron probado que el ex miembro del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, alias “el gordo Daniel” o “Selva”, formó parte de una estructura represiva con distribución de roles que funcionó durante la última dictadura militar para secuestrar, torturar y “trasladar” detenidos. Yanzón lamentó que Febres haya llegado a juicio sólo por cuatro hechos, ya que “para que no haya impunidad” tendría que ser juzgado junto a muchos otros represores como Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías “por todos los casos” de delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, añadió. El abogado criticó por la demora en las causas por delitos de lesa humanidad a los camaristas de Casación penal Alfredo Bisordi, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Ana María Capolupo y Gustavo Hornos, a quienes acusó de una “obstrucción sistemática” de las pesquisas. “A cuatro años de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, no tenemos ningún militar en juicio”, se quejó Yanzón cuando formuló reproches al gobierno de Raúl Alfonsín por haber dictado las normas ya derogadas. “No queremos poca justicia, no tenemos que conformarnos con este juicio muy pequeño”, dijo el abogado, quien habló de lo que según su visión fue “un plan de exterminio” contra la organización social argentina “dirigido por los norteamericanos”. Al formular el pedido de pena, la querella sostuvo que “no hay atenuantes” para Febres, pero, en cambio, consideró que las privaciones ilegales de la libertad e imposición de tormentos por los que lo acusaron, fueron “agravados”. “Febres decía qué hacer con los prisioneros, disponía traslados, a quién torturar y presionaba a familiares para que no presentaran habeas corpus”, indicó la querella para justificar el encuadre penal de “coautor”. Mañana será el turno del alegato final de la fiscalía y luego el Tribunal escuchará a la defensa del ex miembro de Prefectura, en el primer juicio oral que se realiza por lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada.