El conflicto agrario: la mirada desde el INTI

Instalado el conflicto agrario en la sociedad a raíz de las nuevas retenciones, desde la presidencia del INTI se procura examinar con datos fehacientes los diferentes escenarios y magnitudes de inversión, producción y rentabilidad para el caso del maíz, la soja y la alternativa trigo-soja. A partir de este análisis, se presenta el núcleo del problema en la ecuación agraria actual, esto es: la incorporación del capital financiero como nuevo protagonista de la producción agropecuaria, lo cual provoca un número considerable de distorsiones que influyen de manera negativa y que deben ser corregidas. El documento “Tratando de entender. La cuestión agraria en la Argentina de hoy”, del Ing. Enrique M. Martínez, presidente del INTI, procura informar el estado de situación de cada uno de los escenarios, enumerando las circunstancias que deben tenerse en cuenta para ser coherentes con una acción política democratizadora y de mayor justicia: - La política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida. - Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para corregir la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un rol activo para los productores asentados en cada territorio. A continuación, el documento completo.

TRATANDO DE ENTENDER* (La cuestión agraria en la Argentina de hoy) Este documento está preparado con la vocación de entender y ayudar a entender el agudo conflicto agrario que se está desarrollando en el país, ante la acumulación de confusiones que ponen lo secundario delante de lo principal, en un tema crucial para todos los argentinos. Empecemos por el principio. La rentabilidad del productor de granos Tomando los datos de las fuentes citadas al final del documento para el período 2007/2008, se llega a los siguientes valores por hectárea, para maíz, con los precios y niveles de retenciones actuales. Caso 1: Maíz en campo propio (dólares/ hectárea) Rendimiento 7 ton/ha 9 ton/ha Ingreso de exportación 1494.4 1921.3 Menos (costos de producción y comercialización) Comisión de exportador 10.0 13.0 Gastos en puerto 44.8 57.6 Gastos de flete y otros de la chacra a puerto (200 km.) 206.5 266.4 Labores 46.0 46.0 Semilla 89.0 89.0 Herbicidas 39.0 39.0 Insecticidas 5.0 5.0 Fertilizantes 114.0 114.0 Cosecha 68.0 88.0 Menos (costo de retenciones) Retenciones 352.8 453.6 Saldo por hectárea (Margen de beneficio) 519.1 750.6 Debe tenerse en cuenta que los gastos de comercialización disminuyen si se vende el maíz para alimentos balanceados u otro uso del mercado interno y aumentan, por supuesto, si se vende para exportación, en lugares más alejados de los puertos. Vale la pena hacer un cálculo primario del retorno del capital circulante invertido, admitiendo que todas las labores se hacen a través de contratistas. Tomando el supuesto más desfavorable – además irreal – de un desembolso concreto de todos los gastos por parte del productor, al inicio de la siembra, mas allá que los gastos de la cosecha y envío a puerto son casi simultáneos con el ingreso por venta, el beneficio bruto esperado resulta del 91% y del 125% del capital circulante invertido, en 8 meses. En este marco se puede concluir en forma directa que las retenciones son un impuesto a la renta extraordinaria; que esta renta existe y que el instrumento elegido forma parte del menú de políticas que cualquier país del mundo utiliza, como hace Noruega con la renta del petróleo, por mencionar uno solo de varios ejemplos posibles. Puede a continuación discutirse cómo se asignan los recursos del impuesto, pero eso es claramente un tema independiente. La rentabilidad de un fondo de inversión Caso 2: Maíz en campo arrendado (dólares/ hectárea). Aquí se supone que quien arrienda es un gran fondo de inversión con capacidad para obtener descuentos del 10% en las labores, la semilla y la cosecha y del 15% en los agroquímicos. Se estima que el costo del arrendamiento, solo para maíz, es de 350 dólares por hectárea. Con estos datos la rentabilidad esperada, calculada de la misma manera que antes, en 8 meses, resulta del 32% para un rendimiento de 7 toneladas por hectárea y del 65% para 9 toneladas por hectárea. Cabe consignar que en esta variante, el dueño de la tierra tiene un ingreso de 350 dólares por hectárea. Este valor es menor que el que obtendría si asumiera el riesgo de siembra, cultivo y cosecha, pero lo independiza totalmente de realizar labor alguna y lo libera de toda situación azarosa. Se trata de renta pura. Si bien los campos tienen alta variación regional de precios, si tomáramos el valor de referencia como 5000 dólares la hectárea, el ingreso obtenido sería del 7% sobre el capital fijo, tasa superior a cualquier colocación financiera, a la cual se debe agregar la valorización anual del campo y el posible uso de la tierra para pastoreo los cuatro meses que queda libre. La alternativa trigo-soja Para no agobiar con números al lector, se debe señalar que se han verificado las rentabilidades de la siembra de soja de primera o de la rotación trigo-soja, con los actuales precios y niveles de retención, tanto para productores como para fondos de inversión. Los valores de ingreso neto esperados por hectárea, para un productor, están entre 600 y 800 dólares por hectárea. Nunca menos del 100% anual del capital circulante invertido. Para un fondo de inversión, el beneficio sería entre 150 y 350 dólares por hectárea. Esto, medido en relación a los fondos erogados, significa entre 15% de ganancia en 6 meses y 70% en un año, según las situaciones. El núcleo del problema Comienzo por admitir que no estamos hablando de situaciones con absoluta certeza de resultado. La naturaleza no es enteramente previsible. Sin embargo, todos los datos presentados surgen de rendimientos promedios y en ningún caso de extremos favorables. Salvado este punto, caben varias reflexiones. Ante todo: la rentabilidad del negocio de los granos hoy – con las actuales retenciones - es superior a la de cualquier alternativa industrial o financiera o también del propio campo, si se compara con ganadería u otras variantes. A pesar de lo anterior, los actores del sistema confrontan su renta presunta con la que hubieran obtenido si no se hubieran aumentado las retenciones de la soja y el girasol, incluso con la que obtendrían si no hubiera retención alguna y se sienten despojados. En algunos casos, la sensación es inevitable, cuando la medida se tomó estando la cosecha en pleno desarrollo. A diferencia de la producción industrial, la producción agropecuaria se funda en un factor de producción como la tierra, no ampliable, cuya propiedad otorga derechos de renta per se. Esto ha sido así siempre y en todo lugar. La tradición del campo argentino, en particular, es justamente que la existencia de grandes extensiones en manos de poca gente convirtió en arrendatarios a quienes, disponiendo de pequeñas superficies o de ninguna, se equiparon para trabajar campos de terceros asumiendo parte del riesgo agrícola. El trabajo de la tierra, con un porcentaje de la cosecha destinado a recompensar a los dueños de los predios, es tan antiguo casi como nuestra historia económica. Hay una convergencia de dos factores, sin embargo, que han cambiado totalmente el perfil productivo agropecuario, en los últimos 20 años. Por un lado, la muy rápida difusión de la siembra directa, con aplicación de herbicidas y fertilizantes, que minimizan las labores necesarias y permiten trabajar grandes superficies en mucho menor tiempo que hace dos décadas. Por el otro, la aparición de capitales financieros enteramente ajenos al campo, pero que basados en la mayor predictibilidad de los actuales sistemas de siembra y cosecha y en la asociación práctica con empresas de labranza, comparan la renta posible con las ganancias del plazo fijo o aún de situaciones mucho más volátiles como la bolsa de valores u otros esquemas de especulación financiera, y la concretan. La irrupción acelerada de estos capitales pudo ser posible asumiendo mayores riesgos que los arrendatarios tradicionales. En lugar de pagar un porcentaje, debieron pagar – y pagan – sumas fijas por hectárea, eliminando todo riesgo en cabeza de los dueños de la tierra. La muy alta rentabilidad reitero, comparada con el mundo financiero, atrajo inversores como moscas a la miel. Aumentó la renta de la tierra y luego el valor de la tierra, de manera nunca vista antes en nuestra historia. Finalmente puso a los propietarios ante los siguientes dilemas: Propietario chico de 50 hectáreas. ¿Me quedo con 25.000 dólares por año de renta fija, arrendando para trigo-soja, o aspiro a unos 40.000 dólares por año trabajando la tierra? La primera variante habilita al pequeño chacarero a intentar una empresa urbana, comercial o inmobiliaria, con menos esfuerzo y riesgo. La segunda variante produce mayor retorno, pero obliga a correr detrás de contratistas o cosechadores cada vez más seducidos para trabajar al servicio de los grandes grupos. Muchos han optado por el primer camino. Propietario grande de 1000 hectáreas. ¿Recibo 500.000 dólares al año de renta fija o aspiro a 800.000 asumiendo los riesgos? Son muchos – muchísimos – los que disfrutan de la primera opción. Tengamos presente que estos propietarios son los que siempre han dado en arriendo una parte de su tierra. Solo que ahora las tasas son astronómicas. En ambos casos – grandes o chicos – se abrió el camino de una suerte de cadena de la felicidad, ya que al percibir arriendos en dinero, éste puede ser luego invertido en los propios fondos de inversión, aumentando aún más la rentabilidad, sin involucrarse directamente en labor agraria alguna. Las consecuencias sociales de la dominancia productiva de los fondos de inversión han sido expuestas en numerosos foros y no son exageradas en absoluto. La despoblación rural y el empobrecimiento de los sectores de servicios de los pueblos del interior son consecuencias directas del nuevo modelo. El bajo interés por las rotaciones; el riesgo de contaminación hídrica por exceso de nitratos o fosfatos; el riesgo asociado a la diseminación sin ton ni son de envases de herbicidas, no puede ni debe ser subestimado. El esquema de retenciones, como se ha visto más arriba, no elimina el negocio de los fondos. Lo más probable, en realidad, que el aumento de retenciones provoque la disminución del costo de los arrendamientos a futuro, pero mantenga el negocio de estos grupos. En lo antedicho está el auténtico núcleo del problema agrario de hoy. Siempre hubo propietarios chicos y grandes; quienes explotaron sus campos y quienes no. Pero el actual modelo de producción rompió la relación entre el capitalista agrario y la tierra. La instalación del capital financiero como el dinamizador de la producción agropecuaria provoca infinidad de distorsiones negativas, que cualquier programa sectorial debe intentar corregir. Una conclusión preliminar El conjunto de la sociedad no está siendo bien informada sobre este conflicto. No se trata de dirimir – en todo caso no es el punto central – una puja distributiva entre los chacareros y el Estado. Deberíamos aprovechar la controversia y el conflicto para acordar un modelo productivo que sirva a los productores, también a sus regiones y al país en su conjunto., La línea central de la política debiera ser la desconcentración, que no es otra cosa que favorecer a los que tienen las raíces en la geografía argentina. Estimular a los pequeños productores es democratizar el tejido productivo. Es parte de una redistribución de ingresos sustentable. No es este el lugar ni la pretensión de formular aquí un programa sectorial completo. Solo se enumerarán facetas a tener en cuenta para ser coherentes con un propósito democratizador y de mayor justicia. - Toda medida de estímulo a cualquier sector o subsector del campo debería tener como condición que los trabajadores rurales se desempeñen en el marco de las leyes laborales y de seguridad e higiene más elementales. No es admisible, bajo ninguna explicación, que el trabajo en negro entre los trabajadores del campo sea por lejos el mayor de todos los sectores. - Existe un proyecto de ley de arrendamientos, presentado por dos diputados (Ilarregui y Cantero) en 2006, que busca acotar el trabajo de los fondos de siembra, dándole estabilidad mínima de 5 años a los compromisos de arriendo. A el deberían agregarse compromisos de rotación entre cultivos y parece una buena medida regulatoria. - Se debería subsidiar parte de los fletes mayores de 200 kilómetros hasta el puerto, hasta un tonelaje máximo por productor. - Se debería computar parte de las retenciones como adelanto de impuesto a las ganancias, para productores directos con menos de cierta superficie límite. - Se podría importar en forma directa herbicidas y fertilizantes, para su distribución a través de cooperativas agropecuarias. - Los pequeños ganaderos deberían tener acceso garantizado a entregar animales para faena directamente a los frigoríficos y luego negociar sus reses a través de certificados transferibles. - Los pequeños productores lácteos o de pollos o de cerdos deberían contar con un apoyo concreto de envergadura para poder procesar su producción hasta llegar a industrializarla y entregarla directamente al comercio minorista. Esto es factible en todo el país, especialmente en las regiones más pobres y hay numerosas experiencias que lo validan. Tal vez estos ejemplos sean suficientes para mostrar que: - La política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida. - Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para corregir la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un rol activo para los productores asentados en cada territorio.