En 2014, por solicitud del municipio de San Miguel, se intensificó el trabajo para mejorar la comprensión sobre la situación del Complejo Ambiental Norte III. Luego de la investigación, basada en la solicitud de información a diversos organismos y de numerosas fiscalizaciones al Complejo, logramos algunos hallazgos que estimamos conveniente compartir para echar luz sobre el sistema de disposición final en rellenos sanitarios, ligado a una oscura historia de sufrimiento ambiental, inequidad y violencia. Promoviendo esta discusión intentamos viabilizar la construcción de lo nuevo, mostrando que nos merecemos un mejor sistema de gestión y que es posible lograrlo.
El Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) es una empresa creada por el Decreto Ley 9111 del año 1978 y se encuentra integrada en su capital accionario por la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires con el objeto de regir la disposición final de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El sistema de disposición final se compone principalmente por los complejos ambientales “Villa Domínico” (clausurado en enero de 2004 por su colapso, diversas denuncias de la sociedad civil, falencias en la gestión y contaminación ambiental) el Complejo Ambiental “Punta Lara” (cuya clausura fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia Provincial en el año 2006, sujeta aún a la espera del plan alternativo de la Provincia de Buenos Aires para su cierre definitivo), el Complejo Ambiental “González Catán” (sobre el que pesan serias denuncias y el cual recibe residuos provenientes del municipio de La Matanza exclusivamente), y el Complejo Ambiental “Norte III” (en los partidos de San Miguel, Tigre y San Martín), en el cual se disponen 14.000 toneladas diarias (aproximadamente el 85% de los residuos dispuestos en el sistema formal de gestión de residuos del AMBA).
La preocupación del municipio sobre el Complejo Ambiental Norte III fue motivada por dos razones principales: las recurrentes denuncias de vecinos por olores, molestias y alteración del paisaje (la evidente montaña de residuos en sostenido crecimiento) y los avances en la “Causa Ensenada”, ya que el retraso de 11 años en la presentación del plan alternativo por parte de la autoridad ambiental provincial podía precipitar la clausura del complejo Punta Lara, aumentando el volumen a disponer en el complejo Norte III por ser la única alternativa de disposición final en el sistema. Por este motivo, la Municipalidad de San Miguel solicitó, sin éxito, a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires incorporarse como parte en la causa para dar seguimiento al tema.
A fin de averiguar sobre la situación del Complejo Norte III se inició un proceso de solicitud de información a la autoridad de aplicación en materia ambiental (OPDS) y a la empresa responsable de su operación (CEAMSE), ambas dependientes del poder ejecutivo provincial. Como primer análisis del marco institucional se debe advertir que la sujeción de la responsabilidad de gestión y la autoridad de aplicación bajo la misma cabeza política y sin los debidos mecanismos de control y participación ciudadana son frecuentemente causales de sistemas poco transparentes.
Asimismo, en paralelo, una vez realizadas las actividades de capacitación pertinentes, la municipalidad de San Miguel comenzó en agosto de 2014 un proceso de fiscalización sobre el funcionamiento del Complejo Norte III. Las irregularidades y hallazgos son de diversa índole y van desde vicios en el procedimiento habilitatorio de los rellenos sanitarios operativos, deficiencias en el funcionamiento, evidencia de débil o inexistente cumplimiento de la Ley 13.592 de Gestión Integral de RSU de la Provincia (sancionada en el año 2006) y falta de previsiones sobre la proyección operativa del Complejo. En su conjunto, estas irregularidades dan muestra de un sistema colapsado en intento de hacer persistir un paradigma vetusto en el mundo y ya hace más de una década en la Argentina.
El Complejo Ambiental Norte III está compuesto por 4 rellenos sanitarios (el III, en San Martín, el IIIa, IIIb y IIIc en San Miguel y Tigre) diversas plantas de separación y reciclado, plantas de tratamientos de lixiviados (líquidos generados por la basura dispuesta) y de generación de energía a partir de la captura y quema de gas metano, además de instalaciones accesorias como depósitos de combustible, oficinas administrativas y talleres, entre otras.
De acuerdo a la información remitida por CEAMSE y OPDS, los rellenos IIIb y IIIc fueron clausurados por agotar su capacidad en diciembre de 2013, conforme a su diseño y habilitación original. Debido a la ausencia de otro espacio donde disponer los residuos, CEAMSE gestionó una autorización de “continuidad operativa”, de escasos precedentes y dudosa legalidad, la cual permitió la creación de un vertedero sobre los rellenos clausurados (otorgada por resolución Nro. 36/13 del OPDS en el mes de junio de ese año). Dicha resolución careció de instancias de participación pública y de comunicación a la sociedad sobre la precaria situación del sistema.
La resolución Nro. 36/13 autorizó la disposición de 5.900.000 de toneladas sobre parte de los módulos IIIb y IIIc (ambos en etapa de post-clausura) y condicionó su validez al cumplimiento estricto de una serie de medidas de mitigación para reducir los potenciales impactos sobre el ambiente y las comunidades locales. La disposición de basura en el vertedero autorizado por la “continuidad operativa” comenzó en enero del 2014, y por “un plazo estimado en 12 meses” de acuerdo a lo establecido en la resolución.
Una vez identificada la norma que habilitó el vertedero ubicado sobre los módulos IIIb y IIIc, e identificadas las medidas mitigatorias a las cuales estaba sujeta, se elaboró una lista de chequeo para constatar de manera sistemática mediante inspecciones periódicas el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de las medidas de mitigación dispuestas en el anexo de la resolución Nro. 36/13.
De las inspecciones mensuales realizadas surgieron evidencias sobre faltas graves en el cumplimiento de la resolución y en la gestión general del relleno.
En el frente de descarga, por ejemplo, se advirtió en diversas oportunidades falta de cobertura diaria de tierra, y se constató presencia de residuos patogénicos (bolsas rojas con restos hospitalarios), barros industriales, residuos peligrosos (como cueros curtidos al cromo o derivados de hidrocarburos).
Los depósitos de combustibles, tanques y cisternas, no contaban con habilitaciones de Secretaría de Energía, no existía plan contra incendios, y de los dos coches bomba del complejo sólo uno funcionaba.
El sistema de control de ingreso de residuos resulta sorprendentemente débil. De diversos conteos de ingresos y descargas de residuos no se observó control de procedencia ni de contenido, y se constató recepción de camiones de municipios distantes en 40 o 50km (recordemos que el Art. 4to. Del Decreto Ley 9111/78 prohíbe el ingreso de residuos provenientes de distancias mayores a 20km de los rellenos).
Las membranas impermeabilizantes de las piletas de lixiviados, componentes centrales para el control de derrames, presentaban roturas y pérdidas. Asimismo, en días posteriores a precipitaciones y debido al retraso del ingreso de los camiones a la zona del frente de descarga se pudo observar la descarga de los residuos en los caminos internos del Complejo, los cuales no cuentan con ningún tipo de impermeabilización.
En cuanto al tratamiento de los lixiviados se constató el escurrimiento superficial de los líquidos lixiviados hacia los desagües pluviales, los cuales desembocan directamente en el Río Reconquista. Al consultar al personal del Complejo sobre esta situación nos manifestaron que no era algo común “ya que este desborde sucedía sólo con la caída de precipitaciones”. O sea, cada vez que hay tormentas en Buenos Aires, lo cual sucede cada vez con mayor frecuencia e intensidad.
Este escurrimiento se da por el obvio efecto de la gravedad: la montaña de basura (llamada “La Colina” por los vecinos de los barrios que se alimentan de ella) llega a los 52 metros de altura, generando un cambio apreciable en la fisonomía del terreno y el paisaje. La insuficiente cobertura diaria, la presencia de residuos peligrosos, patogénicos e industriales y el escurrimiento superficial de lixiviados hacen de la operación del vertedero un factor de riesgo para el recurso hídrico de la cuenca del Reconquista.
La previsión de ampliación de la planta de tratamiento de lixiviados, cuya puesta en marcha era condición principal para el inicio de la operación de la “continuidad operativa”, inició su operación de prueba en el mes de noviembre de 2014. Uno de los interrogantes que surgen es el destino de los lixiviados durante esos 11 meses.
En la cuenca baja del reconquista viven millones de personas que no cuentan con agua potable ni cloacas, y consumen agua de pozo, como quien escribe esta columna.
Sobre los olores no hace falta más que consultar a los vecinos o transitar el camino del Buen Ayre para constatarlos.
Además, las instalaciones no contaban con habilitaciones municipales y otra larga lista de irregularidades sujetas a la discusión sobre la competencia del poder de policía local.
Ahora bien ¿Cómo sigue la historia luego de finalizada la “continuidad operativa”? Al preguntarnos sobre el futuro del sistema luego del cumplimiento del plazo establecido en la resolución 36/13 surgió la duda obvia sobre su devenir. En este sentido, se solicitó información sobre el futuro de la operación luego del agotamiento de la “continuidad operativa”. Ante esta consulta, la empresa CEAMSE comunicó que se había comenzado la gestión de habilitación de un “nuevo módulo A+B de relleno sanitario” (construido sobre los rellenos IIIa y IIIb, ambos en etapas de post clausura), y remitió a la municipalidad el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. Este nuevo módulo posibilitaría la disposición de 12 millones de toneladas durante un periodo de aproximadamente 33 meses ¿Se cumplirán en esta oportunidad las medidas de mitigación ordenadas por la autoridad ambiental?
La habilitación de un nuevo relleno sanitario requiere del cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en la normativa vigente y debe asegurar el derecho a la participación ciudadana establecido en la ley general del ambiente.
Toda la información aquí presentada es pública y está al alcance de aquel que quiera ejercer el derecho constitucional al gozo del ambiente sano, y su deber de preservarlo (art. 41).
Lo que se evidencia en conjunto es el agotamiento de un sistema que perduró 40 años y que requiere de una profunda revisión. En primer lugar es necesario reconocer la situación, comunicarla a los ciudadanos y promover una discusión técnica y pública seria. Esto permitirá conducir la construcción de un nuevo paradigma en la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) basado en la consideración de los residuos como un recurso, la debida consideración de la responsabilidad del causante, la promoción del desarrollo sostenible, la participación social y la jerarquización de los trabajadores del sector. Estos últimos son parte de la solución y su trabajo debe ser jerarquizado mediante el reconocimiento de la actividad como un elemental servicio público. La ley 13.592 sancionada en 2006 es una buena base para comenzar la discusión y su implementación oportuna hubiera contribuido a que la situación sea otra.
De lo antedicho se evidencia que la fragilidad de la situación del sistema amerita considerar la declaración de emergencia en la gestión de los residuos de la Provincia, la elaboración de un plan de contingencia integral que asegure la mitigación inmediata de la contaminación y mejore la calidad en la gestión del sistema. Y que se dé inicio a un diálogo responsable con todos los actores, orientado a la construcción de la solución de fondo. La puja política por la mera habilitación de un relleno no hace más que patear para adelante el problema, dejando una bomba de tiempo a los bonaerenses y a su próximo gobierno.
Querer limitar la discusión al cumplimiento o no de los compromisos de reducción de tonelaje dispuesto por parte de Ciudad de Buenos Aires y los municipios, o atarlo a una mera discusión electoral de coyuntura es no entender el problema, o ser parte de él.
Difícilmente alguien pueda creerse ajeno a la situación: uno de cada tres argentinos dispone los residuos en este sistema. Todos somos responsables de algún modo: los empresarios que externalizaron costos generando contaminación y residuos que sobrecargan el sistema; los ciudadanos que no redujimos la generación, no separamos, no reutilizamos y no reciclamos. Y ante todo, que no demandamos a los gobernantes una mejor gestión ambiental; los gobiernos (de distinto nivel y color político a lo largo de décadas) que no controlaron, no cumplieron las leyes y no promovieron un desarrollo sostenible que asegure el derecho al ambiente sano y preserve los mismos derechos para todos.
Nadie está exento de culpas personales, pero todos debemos promover la asunción de responsabilidades institucionales. No es tiempo de juzgarnos sino de reconocer la situación, dialogar suspendiendo prejuicios y buscar soluciones integrales y de largo plazo. Hay poco tiempo y el desafío es inmenso. Y ante esto nadie puede hacerse el distraído o quedarse de brazos cruzados.
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