CON MUERTE DE FEBRES SE PIERDE POSIBILIDAD DE CONFESION

Con la muerte de Héctor Febrés “se nos va también la posibilidad de su confesión, respecto de los niños nacidos en cautiverio y sobre lo sucedido con cada una de las víctimas”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, uno de los querellantes en el juicio en el que el ex prefecto estaba siendo juzgado por delitos de “lesa humanidad” en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA). La referencia apunta a que el viernes próximo estaba previsto que Febrés dijese sus “últimas palabras” en el juicio que llevaba adelante el Tribunal Oral en lo federal Cinco (TOF5) que, ese mismo día, tenía previsto dictar su veredicto en esta causa donde los querellantes y la fiscal Mirna Goransky habían reclamado 25 años de prisión para el imputado. La cita de Yanzón obedece a que, según los testimonios recogidos por el TOF5, una de las tareas del ex prefecto era la compra de ajuares y la “entrega” de los bebés nacidos cuando sus madres estaban en ilegal cautiverio y dieron a luz a sus hijos en la maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA perversamente bautizada por los represores como “la Sardá”. El letrado -quien representaba en el juicio a los ex detenidos desaparecidos y querellantes Carlos García y Alfredo Margari- también reclamó que “cada una de las fuerzas involucradas en la custodia del genocida muerto (estaba detenido en una unidad de Prefectura en el Delta) brinden toda la información que tienen sobre lo sucedido”. “Nuevamente el paso del tiempo -al igual que con el dictador chileno, Augusto Pinochet y tantos otros- nos impidió llegar a una sentencia condenatoria, como seguramente hubiéramos escuchado este 14 de diciembre”, afirmó Yanzón al tiempo que sostuvo que “esto no nos puede sorprender porque lo mismo había sucedido con varios genocidas juzgados por los crímenes cometidos por el nazismo”. El letrado también dejó planteadas sus “lógicas sospechas” de que la muerte “haya sido provocada” y fundó sus apreciaciones en que Febrés “estaba alojado en una dependencia de la Prefectura, una de las instituciones involucradas en los múltiples crímenes que se cometieron en el campo de exterminio que funcionó en la ESMA durante la dictadura y no en una cárcel común como hemos reclamado ante diversos juzgados”.