El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, analizó hoy junto a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia y la Procuradora General soluciones para el funcionamiento del Poder Judicial provincial y su emergencia edilicia.
En este marco institucional, el mandatario anunció la inmediata refacción de edificios del Poder Judicial en mal estado y la construcción de las sedes que en la actualidad están alquiladas, explicó a Télam el ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal.
La reestructuración edilicia del sector se enmarca en la ley de emergencia sancionada meses atrás por la legislatura provincial, ante los reclamos de jueces, fiscales y defensores públicos de los Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Además, en el encuentro se trató la reforma procesal penal y la inminente puesta en marcha del Fuero Penal Juvenil, de la red informática del Poder Judicial y del sistema de videoconferencia en las cárceles para evitar el traslado de detenidos a las defensorías.
Otro de los puntos tratados fue el sistema de Flagrancia, mediante el cual se acortan procesos penales cuando el imputado es detenido en el momento en el que comete el hecho, que tuvo un exitoso plan piloto en Mar del Plata y se extendió al resto de los distritos.
Según voceros judiciales, los miembros de la Corte plantearon "las dificultades que atraviesan varias dependencias por el mal estado de los edificios, la mayoría de ellos que no fueron construidos para albergar este tipo de actividades".
Es que según esas fuentes, el gobierno gasta anualmente entre 12 y 13 millones de pesos en alquiler de inmuebles en los que funcionan dependencias del Poder Judicial.
Según un vocero del Poder Judicial, Scioli se mostró "con todas las intenciones de solucionar los problemas que se vienen planteando" en ese sector.
El análisis se efectuó en un almuerzo del que participaron el presidente de la Corte, Daniel Soria; el vicepresidente, Juan Carlos Hitters; los ministros Héctor Negri, Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo Néstor de Lazzari y la procuradora María del Carmen Falbo.
También estuvieron presentes en ese encuentro realizado en la Casa de Gobierno en La Plata el vicegobernador, Alberto Balestrini; el jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez y el ministro Casal.
Horas antes, durante una entrevista con Radio Provincia de La Plata, Casal había reconocido la crisis en materia edilicia al trazar un diagnóstico de la Justicia, que incluyó críticas a algunos jueces "vagos", y reconoció la sospecha de que personal penitenciario cobra "tarifa" a familiares de detenidos.
"Hay jueces muy responsables, que trabajan muchísimo. Otros que pueden ser vagos. Si un Tribunal fija audiencia para el 2012, la conclusión es que son vagos", dijo.
"Ante eso proponemos oficinas de audiencias en cada departamento, que serán oficinas técnicas que regularán las audiencias en cada juzgado, y las va a fijar con criterios de duración del proceso y cantidad de testigos", explicó.
Además, consideró "inadmisible" que el proceso penal dure ocho años y remarcó que la propuesta es que el proceso "no dure más de dos años".
Casal reconoció que los puntos débiles del actual sistema judicial provincial son sus problemas "de infraestructura y productividad judicial".
"El sistema judicial tiene, históricamente, un retraso en inversión en edificios porque el crecimiento del Poder Judicial se resolvió con alquileres y compra de edificios, muchos de ellos destinados a viviendas y todos sabemos que las casas se hacen para vivir, no para trabajar", remarcó.
El ministro denunció la existencia de "un negocio inmobiliario de parte de particulares" al duplicar el valor de una propiedad que se ofrece en alquiler cuando se destina al Poder Judicial y dijo que para revertir esta práctica se aprobó la expropiación de inmuebles ociosos.
Explicó que junto a la Suprema Corte se trabajó en un diagnóstico de la situación edilicia para evaluar dónde es necesario comprar o construir inmuebles destinados a juzgados y qué problemas de infraestructura, en techos y baños, tienen los juzgados".
Adelantó también que "en pocos días el gobernador Scioli va a llamar a consulta a todos los sectores de la justicia para la última reforma, que es el resto del Código Procesal". "No es que la informática esté funcionando mal y por eso los expedientes no salen, no está informatizado universalmente el sistema y en este momento la Corte (bonaerense) está firmando un acuerdo con la
Secretaría general de Gobernación para aggiornar las pistas informáticas y poder digitalizar los juicios", detalló.
Confirmó que se va a "incorporar la notificación por vía electrónica en los procesos penales y civiles".
"Y vamos a instalar en todas las unidades carcelarias, ya tenemos algunas pruebas exitosas, el sistema de videoconferencia para evitar traslado de detenidos, de este modo la justicia estaría cerca del detenido", anunció.
