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sábado, 1 de diciembre de 2012

Colony Park - Juez de la causa, procesó a directivos de la empresa por daño agravado y mandó trabar embargo sobre sus bienes, hasta cubrir la suma de 200.000.000 $.

La Sra. Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, el pasado 15 de noviembre de 2012, dictó sentencia en la causa 8951/11, en la cual se investiga las obras de construcción del suelo de un emprendimiento inmobiliario, en el bajo Delta del Río Paraná, por parte de la empresa Colony Park.

En este punto corresponde recordar que la empresa en cuestión, durante 2007, inició en forma clandestina e ilegal, la primera etapa de construcción de un engendro llamado Colony Park, un barrio privado que ocuparía 300 has. y está ubicado en frente del continente, sobre los ríos Luján, Canal Vinculación, Arroyo Pacú.
Pasa por su interior un arroyo entero, el Anguila. El proyecto preveía la construcción de un gran canal artificial de 30 metros de ancho para separar la construcción de las otras islas. También se preveía la construcción 60 has de lagunas interiores para deportes de vela y remo. Dispondría de red vial propia y se podría acceder con auto hasta cada lote a través de 3 transbordadores privados (cruzando el Río Luján). Habría (para los residentes) red subterránea de agua, cloacas, red de gas, dos escuelas, un supermercado, shopping, sala de primeros auxilios, helipuerto, canchas de golf, 3 marinas para más de 700 embarcaciones, canchas de básquet, tenis, vóley, Club House, vestuarios, salón de usos múltiples con restaurante y un spa de última generación. Todo ello se construiría sobre uno de los humedales más importantes del mundo. El proyecto está a cargo del estudio Robirosa-Beccar Varela-Pasinato.
Las obras de construcción del suelo del barrio privado Colony Park, irregulares, clandestinas e ilegales, se iniciaron contando tan solo con una prefactibilidad de uso, firmada en diciembre de 2005 (Expte. 22629/2005), por Ernesto G. Casaretto, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre, el Arquitecto Eduardo Barbieri, Director Ejecutivo de Obras Particulares de la Municipalidad de Tigre y el Ctor. Hugo Leber, Secretario de Economía y Hacienda, integrantes en ese momento, de la Comisión Municipal de Interpretación y Análisis del Código de Zonificación.
En este contexto el pasado 15 de noviembre de 2012, la Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado, dictó sentencia en la causa 8951/11, en la cual resolvió lo siguiente:


1) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ, EDUARDO HÉCTOR CARRASCO, ADOLFO VOLODI BERESTOVOY, SERGIO MANUEL RAPOSEIRAS Y FRANCISCO JOSÉ BILLOCH, por encontrarlos prima facie autores mediatos penalmente responsables del delito de daño agravado por haber sido ejecutado en perjuicio de bienes de uso público (arts. 45, 54, 184 inc. 5º del CP; y art. 310 del CPPN), MANDANDO A TRABAR EMBARGO SOBRE SUS BIENES hasta cubrir la suma pesos DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000) (Art. 518 y cctes. del CPPN).
2) DECRETAR LA FALTA DE MÉRITO PARA PROCESAR O SOBRESEER DE ADRIÁN GABRIEL SCHWARTZ, SERGIO ANDRÉS SCHWARTZ, EDUARDO HÉCTOR CARRASCO, ADOLFO VOLODI BERESTAVOY Y SERGIO MANUESL RAPOSEIRAS con relación a la hipótesis delictiva vinculada con la destrucción de los refugios de los pobladores originarios de las islas del Delta (art. 309 CPPN).
3) LLAMAR A PRESTAR DECLARACIÓN INDABATORIA A NORBERTO NELIO NINI, JOSÉ JAVIER CEBALLOS Y EDUARDO GABRIEL CUTROPÍA (art. 294 del CPPN).
4) LLAMAR A PRESTAR DECLARACIÓN TESTIMONIAL A LUIS F. MACAYA.
5) NO HACER LUGAR a los pedidos de la Dra. Rita Molina y del Dr. Enrique Carlos Ferreccio Altube, letrado de la parte querellante, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VI. del pronunciamiento.
6) DAR INTERVENCIÓN EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN, a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII. De este pronunciamiento.
7) IMPONER A LA SECETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA NACIÓN – en forma concurrente – de las obligaciones que al día de la fecha sólo le caben al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) respecto de la medida cautelar oportunamente ordenada en este proceso.
8) NOTIFICAR AL TITULAR DEL MINISTERIO DE JAFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Y DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES que se le ha dado intervención en este caso, y en la esfera de su competencia a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

9) LIBRAR OFICIOS A LAS COMISIONES DE “AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE” Y DE “RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO” de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, de la Nación, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII de este pronunciamiento.
10) LIBRAR OFICIOS A LAS COMISIONES DE “JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES” Y DE “LEGISLACIÓN PENAL” de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, de la Nación; así como a la COMISIÓN DE EXPERTOS ENCABEZADA POR EL MINISTRO DE LA CORTE SUPRMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DR. E. RAÚL ZAFFARONI, PARA REFORMAR EL DÓDIGO PENAL ARGENTINO, de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en el acápite VII de este pronunciamiento.
11) RECHAZAR LOS PLANTEOS INCIDENTALES enumerados y tratados en el acápite VIII, de este pronunciamiento, adjuntado copia de esta pieza en cada incidente para que, en su caso, siga el trámite por separado (art. 340 CPPN).
12) CITAR A LOS PROCESADOS para que concurran dentro de los tres días de notificados, con el propósito de imponerlos de la obligación de no mudarse de su domicilio por más de 48 hs. sin dar noticia previa a este tribunal.

Resulta importante aclarar en este punto, que la querella ha apelado en tiempo y forma las medidas adoptadas por la Juez Dra. Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro. Por su parte, dado el retiro de la Fiscal Rita Molina, el pasado viernes 23, el nuevo Fiscal Federal de la Fiscalía Nº 1 de San Isidro, Dr. Fabián Celiz, recibió en audiencia a la querella por el “Caso Colony Park”, durante la cual, dieron testimonio en defensa de la integridad ambiental del Delta Bonaerense, víctimas, ambientalista y profesionales.

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