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sábado, 20 de octubre de 2012

Por ley se obligará a countries bonaerenses a ceder como mínimo el "diezmo" en tierras para viviendas sociales

El dueño del barrio cerrado de lujo Nordelta, Eduardo Constantini, cuestionó el proyecto de ley que obliga a los countries bonaerenses a ceder terrenos para la construcción de viviendas sociales, al afirmar que busca "castigar la tenencia de tierras", cuando "en realidad" es "una forma de ahorro",dijo.

Constantini, de este modo, se sumó la polémica generado en torno de la iniciativa, que recibió este jueves media sanción en la cámara de Disputados provincial, con el respaldo de buena parte del arco opositor.
La llamada "Ley de Hábitat" fue propuesta por Alicia Sánchez, esposa de Luis D Elía, e impulsada por el legislador kirchnerista Alberto España, y entre otros aspectos, obliga a los grandes emprendimientos inmobiliarios de la Provincia a ceder terrenos para la construcción de viviendas sociales.
Tras la aprobación en la Cámara baja el legislador España sostuvo "Se ha dado un primer paso en la Legislatura bonaerense para transformar la realidad de la mayoría de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Pero que se queden tranquilos los propietarios de los countries, que no se les va a tocar ni una maceta".
España explicó que el proyecto dispone que "todos los desarrollos inmobiliarios de la Provincia van a tener que ceder un 10 por ciento de sus tierras al municipio que pertenecen" o abonar una compensación monetaria para la construcción de barrios sociales.
Constantini, por su parte, cuestionó la propuesta, al considerar que "la concepción de la ley es que toma a la tenencia de terrenos como una actividad especulativa".
"No es así", remarcó el dueño de Nordelta, en el distrito bonaerense de Tigre, y agregó: "La tenencia de terrenos es la forma de acceder a la vivienda final, se la castiga como si fuese una inversión especulativa y estamos perdiendo la percepción de que es una forma de ahorro".
Días atrás, el empresario había dicho que "no tiene nada de malo" que se levanten viviendas sociales "cerca de un barrio cerrado" y evaluó incluso que la propuesta bonaerense era un proyecto de reordenamiento territorial que prevé la cesión de tierra para urbanizaciones".
El empresario explicó como Nordelta está adecuado a la ley: "En el caso de Nordelta cada habitante tiene que ceder 10 metros cuadrados. Eso lo venimos haciendo. Más de treinta hectáreas. Lo que hace el municipio es una tasación de lo que vale Nordelta y pide esa cantidad en efectivo y lo destina a inversiones sociales. Lo que ocurre en el caso nuestro es que ya se están cediendo tierras. Esta ley se agrega a la sesión que ya se esta haciendo", dijo Costantini. Esta ley le agrega un 10 por ciento más del área bruta y es una desproporción".
En la noche del jueves, la iniciativa fue aprobada en la Legislatura bonaerense por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) y otras bancadas como la UCR, Coalición Cívica, Alternativa Peronista, Frente Amplio Progresista, Pro Peronismo, Nuevo Encuentro y Proyecto Bonaerense.
Por la negativa se pronunciaron los denarvaístas de Unión Celeste y Blanco, por entender que "se busca profundizar las divisiones entre los argentinos".
Los legisladores que responden al diputado nacional Francisco de Narváez aseguraron, en un comunicado: "Nos vamos a parar en la vereda de enfrente de todo lo que avasalle la propiedad privada".
Además, afirmaron que la iniciativa "deja al descubierto el fracaso rotundo de la política habitacional llevadas adelante por el gobierno nacional a través del Plan Federal de Viviendas y el Procrear".
Asimismo, aseguraron que el proyecto del oficialismo "viola el artículo 17 de la Constitución Nacional", y que en la Provincia "hay gran cantidad de tierras que habría que dotarlas de infraestructura para la construcción de nuevas viviendas".
La iniciativa, que deja abierta la posibilidad para la expropiación de los terrenos, establece que los desarrollos inmobiliarios de más de 5.000 metros cuadrados deberán ceder un mínimo del 10 por ciento y hasta un máximo del 33% de su terreno.
El proyecto apunta a que los municipios puedan hacerse de tierras, cuando autoricen grandes emprendimientos urbanísticos, para desarrollar planes sociales de viviendas. También, de disponer parcelas con el mismo destino de construcción de casas, por eso se incluye la figura de la expropiación como una de las alternativas.

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