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miércoles, 11 de junio de 2008

La AFIP denunció a un juez por fraude de contribuyentes agrarios

La Administración Federal de Ingresos Públicos denunció al juez federal cordobés Oscar Armando Valentinuzzi, quien intervino en causas que involucra a productores de granos, "no pudiendo soslayarse una posible organización delictiva dedicada a favorecer el blanqueo del cereal". La maniobra -expresa la denuncia- incluía al parecer la inscripción tributaria de "personas indigentes para posibilitar la evasión impositiva" de los verdaderos titulares de las comercializadoras agrarias. En la denuncia, a la que Télam tuvo acceso, presentada el lunes ante el Consejo de la Magistratura, se destaca que el magistrado "ha dictado medidas cautelares -favorables a empresas que comercializan cereales- ocasionando un grave perjuicio al Estado y a la sociedad en su conjunto". También precisa que en distintos casos contribuyentes "cambian de domicilio fiscal sin justificación aparente" para que sus situaciones ante el fisco sean "juzgadas" siempre por el juez denunciado. La acusación por presunto mal desempeño contra el juez Valentinuzzi titular del Juzgado Federal de Bell Ville, también subrogante del Juzgado Federal de Río Cuarto, firmada por los responsables de las áreas de asuntos jurídicos y de operaciones impositivas del interior de la AFIP, Eliseo Devoto y Jaime Mecikovsky, se refiere a expedientes vinculados con medidas cautelares que "obstaculizan las facultades de control impositivo". En este sentido se incluye el caso de COTAGRO COOPERATIVA AGROPECUARIA contra el Estado Nacional, en el que el magistrado denunciado, dicta una medida cautelar y "ordena la inmediata devolución del saldo de libre disponibilidad -proveniente del IVA- por un monto superior a los 2.000.000 de pesos", que nunca había sido reclamado formalmente ante la AFIP. Ante el incumplimiento de la medida cautelar, Valentinuzzi ordenó el embargo de los fondos del organismo fiscal, disponiendo, según se detalla en el expediente de la denuncia, "el desapoderamiento de recursos del Tesoro Nacional en abierta violación de leyes federales" que lo prohíben expresamente. En diferentes causas de empresas favorecidas por fallos de este magistrado, intervenía el contador Marcos Alberto Sequeira que constituyó "domicilio procesal en el estudio jurídico del juez Valentinuzzi", constatándose que "luego de obtenida la medida cautelar" se produjo el cambio de domicilio de Sequeira a la Ciudad de Córdoba donde residía. De acuerdo a la extensa denuncia de la AFIP, a raíz de un incidente ocurrido en una entidad bancaria de Río Cuarto en noviembre de 2007, cuando personas indigentes "se proponían hacer efectivo cheques por importantes sumas de dinero" que "presuntamente" debían reintegrar a gestores de pensiones, la policía federal intervino ante la posibilidad de que se hubiese producido un delito federal, radicando la denuncia ante el juzgado de Valentinuzzi. El juzgado ordenó el allanamiento del domicilio de una de las protagonistas del incidente referido, Maria Pía Cardoso, abogada, (novia de Marcelo Macarrón, cuya esposa murió estrangulada en un escandaloso episodio aun no esclarecido) y secuestró "carpetas con cartas de porte (documentos para trasladar cereales en los camiones) confeccionadas a nombre de insolventes cuyos nombres se repiten". Al mismo tiempo la AFIP peticionó la inspección y registro de los domicilios de la Sociedad de Acopiadores de Granos de la provincia de Córdoba y de la Federación Agraria Argentina en donde se secuestraron solicitudes de compra de "carta de porte" firmadas por monotributistas, por la empresa ADELCAR, además de "solicitudes de formularios oficiales de la Federación Agraria que están firmados aunque no se solicita nada". El voluminoso expediente de la denuncia de la AFIP señala que se estaría en presencia de "maniobras consistentes en la utilización de personas indigentes, direccionadas a la evasión en la comercialización de granos", con la finalidad de "ocultar al verdadero productor agropecuario quien no declara los respectivos ingresos", porque la operación se "documenta a nombre de un indigente previamente inscripto en el Monotributo". La denuncia que promueve el juicio político del juez Valentinuzzi aclara que incorpora este caso cuya investigación se encuentra en curso "atento a la eventual conexidad que pudiere existir entre las maniobras investigadas en esta causa y el resto de los hechos puestos a consideración". El expediente con las graves irregularidades denunciadas por la AFIP será sorteado el próximo jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo para determinar que consejero lleva adelante la investigación.

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